Cada 5 de marzo se conmemora el Día Mundial de la Eficiencia Energética, una fecha destinada a relevar la importancia del uso racional de la energía y a promover políticas públicas orientadas a optimizar su consumo. En un contexto marcado por la transición energética, la seguridad del suministro y los compromisos internacionales en materia climática, la eficiencia energética se ha consolidado como un instrumento central dentro de las estrategias regulatorias de los Estados.

La efeméride se originó en 1998 durante la Primera Conferencia Internacional de Eficiencia Energética celebrada en Austria, instancia en la que se puso de relieve la necesidad de avanzar hacia modelos de desarrollo que permitan reducir el consumo energético sin afectar los niveles de producción ni de bienestar social.

En Chile, la eficiencia energética ha adquirido progresivamente un reconocimiento normativo dentro de la política energética. Un hito relevante en esta materia fue la dictación de la Ley N°21.305 sobre Eficiencia Energética, publicada el 13 de febrero de 2021, establece un marco legal para promover el uso eficiente de la energía en Chile.

Uno de los ejes centrales de la normativa es la creación del Plan Nacional de Eficiencia Energética. La ley establece que el Ministerio de Energía, en coordinación con otros ministerios sectoriales, deberá elaborar este plan cada cinco años, fijando metas de corto, mediano y largo plazo orientadas a mejorar el desempeño energético del país. El plan debe considerar, entre otras materias, medidas vinculadas a eficiencia energética en el ámbito residencial, transporte, edificaciones, ciudades inteligentes, sectores productivos y programas de educación y capacitación en la materia. Asimismo, su elaboración contempla instancias de participación ciudadana, se regula mediante reglamento y debe ser sometida al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad.

La normativa incorpora también obligaciones específicas para los grandes consumidores de energía. Las empresas que registren consumos iguales o superiores a 50 tera-calorías anuales deben reportar su consumo e intensidad energética al Ministerio de Energía y pueden ser clasificadas como Consumidores con Capacidad de Gestión de Energía (CCGE). En estos casos, la ley exige la implementación de sistemas de gestión energética que cubran al menos el 80 % de su consumo, junto con auditorías y reportes periódicos destinados a verificar el cumplimiento de estas obligaciones.

Otro aspecto relevante de la ley se refiere a la eficiencia energética en edificaciones. La normativa establece que viviendas, edificios de uso público, comerciales y de oficinas deberán contar con una calificación energética para obtener su recepción final municipal. Esta información deberá incorporarse en la publicidad de venta y ponerse a disposición del comprador al momento de la celebración del contrato respectivo. Para estos efectos, la ley crea además el Registro Nacional de Evaluadores Energéticos, administrado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

El marco legal incorpora igualmente obligaciones para el sector público. Diversos órganos de la Administración del Estado deben reportar sus consumos energéticos y designar gestores energéticos responsables de promover medidas de eficiencia en los inmuebles que administran.

En ese contexto, el Día Mundial de la Eficiencia Energética constituye una oportunidad para destacar el rol que cumple la regulación en la promoción de un uso más eficiente de los recursos energéticos. La experiencia comparada muestra que las políticas de eficiencia energética se encuentran entre las herramientas más costo-efectivas para reducir emisiones, mejorar la productividad energética de las economías y fortalecer la seguridad de los sistemas energéticos.