La reciente formalización de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco marca una situación inédita en la historia judicial chilena. Quien fuera una figura prominente en el máximo tribunal, portavoz en su momento y miembro de la influyente Sala Constitucional, hoy enfrenta un proceso penal que vuelve a poner en el centro del debate ciudadano la fragilidad de las instituciones encargadas de impartir justicia.
El caso, conocido como la “trama bielorrusa”, surge de un litigio entre la estatal Codelco y un consorcio privado, en el que decisiones adoptadas por la Tercera Sala de la Suprema —presidida en subrogancia por Vivanco en ciertos períodos— terminaron favoreciendo sustancialmente a una parte. Lo que inicialmente parecía una controversia ordinaria ha derivado en una investigación criminal que revela presuntas gestiones no transparentadas, vínculos personales no declarados con abogados intervinientes y movimientos financieros que generan serias interrogantes sobre la imparcialidad de ciertas resoluciones.
El Ministerio Público apunta a conductas que, de confirmarse, comprometerían gravemente la probidad esperada en un cargo judicial de tan alta responsabilidad. Se habla de pagos indirectos canalizados a través de personas cercanas, operaciones que habrían buscado ocultar el origen de recursos y una aceleración de la tramitación procesal que benefició a uno de los litigantes en detrimento del interés público. Todo ello, en un contexto donde la confianza ciudadana en el Poder Judicial ya viene debilitada por antecedentes previos de influencias indebidas y falta de controles internos efectivos.
Más allá del destino procesal de la ex ministra, el episodio pone de relieve una realidad incómoda: la existencia de redes de proximidad que, al no ser oportunamente reveladas, pueden distorsionar el curso de la justicia. Cuando una resolución que obliga al Estado a desembolsar millonarias sumas coincide con relaciones personales no informadas y transferencias sospechosas, la percepción de neutralidad se resquebraja, irremediablemente.
Este caso actúa como una advertencia para todo el sistema judicial. Muestra que incluso en sus niveles más altos pueden filtrarse prácticas que erosionan la fe pública en la institucionalidad. La detención y formalización de quien ocupó uno de los cargos más relevantes del país no es solo la caída personal de una figura que muchos elevaron al sitial de destacada; es la señal de que los mecanismos de autocontrol han fallado en prevenir conductas que, al final del día, terminan afectando la esencia misma del Estado de Derecho.
La ciudadanía espera ahora que la investigación avance con rigor, incluso cuando los focos de la formalización se apaguen y que, independientemente de las consecuencias penales individuales, se impulsen de una vez por todas las reformas necesarias para blindar la justicia contra cualquier sombra de conflicto de interés particular. Porque cuando una suprema o un supremo cae, no cae en solitario: cae con ella o él parte de la credibilidad de todo un Poder del Estado.
