La violencia sexual que afecta a niñas y adolescentes es una realidad constante. En Chile, las cifras evidencian esta realidad de forma crítica. Durante el 2024, el Ministerio Público registró que el 70% de las víctimas de delitos sexuales son menores de edad. Más desolador es el dato de la Defensoría de la Niñez, que indica en su Informe 2025 que el 61% de las víctimas guarda silencio y que 1 de cada 4 niñas declara haber vivido abuso sexual en algún momento de su vida. Este silencio y la prevalencia de la violencia en niñas no es casual: es el resultado de un sistema que no ofrece garantías suficientes de protección. Aún aquellos procesos judiciales que acaparan la atención de medios y redes no han servido como un catalizador para abordar estrategias que sean realmente efectivas. Las iniciativas formales impulsadas por el Poder Judicial, como la Política de Efectivización de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y la Política de Igualdad de Género y no discriminación, no pueden mostrar resultados reales de una respuesta judicial adecuada e integrada frente a la complejidad del litigio cuando hay violencia a niñas y adolescentes. Parece entonces necesario pensar en otras formas y abordajes. Es precisamente aquí donde el litigio estratégico puede intervenir para tensionar o romper las barreras que impiden que las niñas denuncien o que afectan las posibilidades reales de una tutela judicial efectiva.

En el complejo tejido del derecho internacional de los derechos humanos, el litigio estratégico vive como una herramienta que trasciende la búsqueda de una decisión en el caso concreto para convertirse en un motor de cambio social. Cuando hablamos de la violencia contra niñas y adolescentes, esta herramienta deja de ser un recurso técnico para transformarse en una opción frente a estados que, por acción u omisión, han fallado en su deber primordial y reforzado de protección permitiendo que la violencia exista y se perpetúe.

Para muchas niñas en la región latinoamericana, el camino hacia la justicia en sus propios países ha sido un laberinto de revictimización, estereotipos, prejuicios y estigmas, derivados de sistemas y relaciones de género que perpetúan la desigualdad entre seres humanos. Cuando una denuncia por violencia sexual, femicidio infantil, matrimonio forzado o negligencia estatal por derechos reproductivos se estrella contra la pared de la impunidad estatal, el litigio internacional puede ser visto como un acto de resistencia política y jurídica. Llevar un caso ante los organismos del sistema interamericano de derechos humanos o ante los comités de las Naciones Unidas permite elevar una tragedia individual a la categoría de problema estructural.

A diferencia de un litigio común que busca la reparación de una persona en el caso concreto, el estratégico elige casos que representen una falla estructural del Estado para alcanzar impacto jurídico e institucional para ir más allá de esa reparación. Buscar generar jurisprudencia que obligue a los Estados a cambiar o mejorar sus leyes e impulsar la creación de políticas públicas como lo puede ser la capacitación obligatoria para todos los intervinientes del sistema de justicia. La verdadera potencia del litigio estratégico reside en las medidas de reparación integral: busca abrir debates nacionales y generar reformas legislativas que pueden ser fundamentales para sanar el tejido social y enviar un mensaje claro: la violencia contra la niñez es inaceptable.

El caso “Paola Guzmán Albarracín contra Ecuador”, sobre una adolescente víctima de abuso sexual sistemático por parte del vicerrector de su colegio que, ante el acoso y la falta de apoyo se suicida, fue fallado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2020 generando impacto en el continente. Fue la primera vez que la citada Corte abordó el acoso sexual en el ámbito educativo como una violación a los derechos humanos. La sentencia obligó a Ecuador a declarar el «Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Sexual en las Aulas» y a implementar protocolos estrictos de detección temprana, relevando además la importancia de la justicia con perspectiva de género e interseccionalidad.

El caso «Niñas, No Madres», por otra parte, es también uno de los ejemplos más potentes y recientes de litigación estratégica en derechos humanos en América Latina. No es un solo juicio, sino un movimiento regional que llevó casos emblemáticos de Ecuador, Nicaragua y Guatemala ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU. El movimiento surge en 2019 como una coalición de organizaciones para visibilizar la situación de niñas menores de 14 años víctimas de violación que son obligadas a parir y criar. Luego de una estrategia preparada con conocimiento técnico y compromiso humano, en enero y junio de 2025, la ONU emitió dictámenes históricos sobre cuatro niñas forzadas a la maternidad en plena niñez, cambiando los estándares internacionales al lograr que se declarara que obligar a una niña a llevar a término un embarazo producto de una violación equivale a trato cruel, inhumano y degradante; reconociendo formalmente que la maternidad forzada trunca los objetivos educativos, profesionales y personales, violando el derecho a una vida digna y castigando al estado por discriminar a las víctimas basándose en su género, edad y situación de pobreza. Estas decisiones no sólo exigían una reparación para las víctimas, sino cambios estructurales como reformas legales, eliminación de barreras médicas o judiciales, registros unificados de violencia sexual para diseñar políticas públicas efectivas, y obligaciones para garantizar la educación a estas niñas.

Si bien estos casos son una evidencia positiva del impacto del litigio estratégico, el éxito de este litigio internacional no es fácil y requiere herramientas y estrategias teóricas y prácticas para lograr los cambios que las condenas individuales no generan en sociedades indiferentes. Para que la litigación sea realmente transformadora, requiere de una sociedad civil atenta y denunciante, de una academia comprometida y de medios de comunicación que traduzcan el lenguaje técnico del derecho y los tribunales al lenguaje humano y social de los derechos.

Desde el proyecto Fondecyt Regular N°1251915, sobre Justicia, Género y Niñez, nos hemos propuesto investigar desde una perspectiva interdisciplinaria y empírica, con enfoque comparado, las barreras estructurales, normativas y culturales que persisten en el acceso a la justicia a niñas y niños. También, queremos aportar en la formación de las nuevas generaciones de profesionales que deben intervenir en un sistema de justicia que avanza más lento de lo que se requiere. Para ello, en una colaboración internacional con el Centro de Derechos Reproductivos y el Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de las Mujeres, hemos decidido unir trayectorias académicas, competencias profesionales y experiencias reales de litigación para ofrecer a estudiantes de últimos años de la carrera de Derecho y profesionales de primeros años de titulación la posibilidad de participar en marzo de 2026 en un Taller on line que les entregue herramientas más allá de la teoría y la enseñanza jurídica tradicional para identificar y abordar situaciones en que la litigación estratégica internacional puede aportar para lograr una justicia con efecto amplificador.

La violencia contra la niñez es una de las peores heridas del tejido social. La violencia sexual contra las niñas y adolescentes es una cicatriz que tiene sus propias causas derivadas de las históricas desigualdades de género. En tiempos de poca fe en la institucionalidad internacionalidad, podemos mirar las experiencias positivas y sacar de ellas buenas lecciones. En la defensa de una niña se puede jugar parte de la cura de las heridas de una sociedad.