Demandada actuó de manera arbitraria e ilegal en el procedimiento de licitación.
El 30 de mayo la Tercera Sala de la Corte Suprema en causa rol N° 86.803-2021 declaró inadmisible el recurso de casación en la forma y rechazó al recurso de casación en el fondo deducido en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Concepción de 06 de octubre del 2021.
En primera instancia se dedujo una demanda de indemnización de perjuicios por falta de servicio en contra de la Municipalidad de Lebu, la cual fue acogida, condenado a la demandada al pago de $ 17.289.053, por concepto de pérdida de chance u oportunidad.
Ante ello, la parte demandada y demandante dedujeron un recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia, y la Corte de Apelaciones de Concepción revocó la sentencia de primer grado y acogió la demanda de indemnización de perjuicios por falta de servicio, condenado a pagar una suma de $316.684.912. La sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Concepción fue impugnada por medio de un recurso de casación en la forma y fondo.
La Corte Suprema declaró inadmisible el recurso de casación en la forma deducido argumentando que la sentencia impugnada contiene las consideraciones de hecho y de derecho que sirven de fundamento.
En cuanto al recurso de casación en el fondo este fue rechazado, la Corte señaló que la falta de servicio que se le imputo a la demandada está suficientemente acreditada, tanto en lo que concierne al actuar deficiente del Municipio en el marco del procedimiento de licitación pública, como en lo relativo a no haber acatado lo instruido en su sentencia por el Tribunal de Contratación.
La parte demandada actuó de manera arbitraria e ilegal, al haber omitido las incongruencias manifiestas y de relevancia que ostentaba la oferta de Constructora, haber evaluado su oferta y no decretarla fuera de bases y finalmente adjudicarle la licitación, lo anterior se encuentra de la hipótesis de «culpa contra la legalidad», por cuanto supone que la demandada ha causado daño por el incumplimiento de normas establecidas imperativamente por el ordenamiento jurídico.