Un proyecto de ley aprobado en general en el Senado abrió un intenso debate político luego de que se advirtiera que podría permitir que condenados por delitos graves cumplan sus penas en sus domicilios bajo ciertas condiciones.

La iniciativa busca regular la suspensión o el cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad para personas condenadas que presenten problemas graves de salud, discapacidad o edad avanzada. El objetivo es establecer un marco legal que permita, en casos excepcionales, reemplazar la reclusión en establecimientos penitenciarios por una modalidad de reclusión domiciliaria total durante el tiempo restante de la condena.

Desde el Gobierno cuestionaron duramente la aprobación de la propuesta. El ministro de Justicia señaló que el proyecto podría poner en riesgo la seguridad pública, al permitir que condenados por delitos como homicidio, violación o parricidio puedan salir de la cárcel para cumplir su condena en sus domicilios.

Según estimaciones entregadas por el Ejecutivo, el universo de personas que eventualmente podrían verse beneficiadas con la medida podría llegar hasta 12.000 condenados, dependiendo de las condiciones de salud o discapacidad que establece la iniciativa.

El proyecto fue aprobado por un estrecho margen en la Cámara Alta y ahora continuará su tramitación legislativa, en medio de un debate político marcado por cuestionamientos sobre sus efectos en materia de seguridad y derechos humanos.