El decreto exento N° 74, de 9 de agosto de 2025, formaliza la hoja de ruta que dará ejecución a la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 2024-2028.
El Ministerio del Trabajo y Previsión Social aprobó, mediante decreto exento N° 74 de 9 de agosto de 2025, el Programa Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 2025-2028, publicado en el Diario Oficial el 25 de noviembre de 2025. La medida materializa el mandato del Convenio N° 187 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que exige Política, Sistema y Programa para avanzar en prevención de accidentes y enfermedades profesionales.
El nuevo Programa arranca con un dato clave: el Comité de Ministros para la Seguridad y Salud en el Trabajo aprobó por unanimidad el texto el 30 de mayo de 2025, decisión informada al Presidente de la República mediante oficio N° 1675 del 6 de septiembre de 2025. Ese respaldo político anticipa una coordinación amplia entre Trabajo, Salud, Economía, Minería, Agricultura, Defensa y Transportes.
El proceso se sustenta en tres antecedentes regulatorios. Primero, el Programa reemplaza el de 2018, dictado bajo la Política Nacional de entonces. Segundo, se apoya en el Perfil Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo elaborado por la OIT en 2023, que identificó brechas críticas del sistema chileno. Tercero, incorpora los resultados de talleres y consultas tripartitas desarrollados durante 2023 y 2024 en las 16 regiones, sumando a empleadores, trabajadores, organismos administradores de la Ley 16.744 y entidades estatales sectoriales.
El decreto aprueba un Programa estructurado en compromisos, actividades, plazos e indicadores, cuyo eje central es “desarrollar, promover e integrar una cultura preventiva”. La ratio operativa del documento es clara: asegurar que la Política Nacional 2024-2028 tenga una ejecución verificable a través de información, gobernanza y coordinación técnica. Entre las acciones destacan la creación de una Comisión Técnica Tripartita para seguimiento y evaluación; el diseño de mesas intersectoriales para planes y regulaciones; la realización de la II Encuesta Nacional de Empleo, Trabajo, Salud y Calidad de Vida (ENETS); y lineamientos para la prevención del consumo de alcohol y drogas en ambientes laborales.
Otros compromisos incluyen campañas de sensibilización, programas de formación en riesgos asociados a vehículos motorizados, una mesa intersectorial de seguridad vial y el levantamiento sistemático de datos sobre conductas de riesgo en el trabajo. En todos los casos se especifican indicadores, plazos anuales y responsables institucionales, lo que facilita el control público y la planificación empresarial.
