El título que esgrime la demandada como justificación de la tenencia es el acuerdo de voluntades de hace 20 años, por lo que no se cumple el tercer requisito de la acción precario.
El título que esgrime la demandada como justificación de la tenencia es el acuerdo de voluntades de hace 20 años, por lo que no se cumple el tercer requisito de la acción precario.
Para la investigación de los delitos sancionados en la presente ley, el fiscal dispondrá un plazo especial de investigación de tres años contado desde la fecha en que la investigación hubiere sido formalizada.
El deber de seguridad presenta como correlato la obligación del consumidor de actuar de manera diligente en la evitación de riesgos, como también el de informarse y seguir las instrucciones otorgadas por el proveedor en el marco de la prestación del servicio.
Santiago, enero de 2025. – El 1 de enero de 2025 entró en vigencia la Ley 21.663, conocida como la Ley Marco de Ciberseguridad, la primera normativa en su tipo en Latinoamérica. Esta ley tiene como objetivos fundamentales establecer una institucionalidad y normativa general, definir
El decreto se encontraba debidamente motivado.
Si corresponde o no la renovación de la licencia de conducir no se vincula con una materia que corresponda ser dilucidada por medio de la acción cautelar de urgencia.
Las funciones contractualmente impuestas no pueden ser calificadas de “especificas” ni “complementarias” naturaleza disímil, contraviniendo por tanto, a los derechos establecidos por el legislador laboral en los artículos 7 y 10 Nº 3 del Código del Trabajo
La Municipalidad de Quilpué, en su calidad de órgano de la administración del Estado, posee atribuciones legales para fiscalizar y velar por el cumplimiento de la normativa que regula el comercio ambulante, actuando por sí misma o en coordinación con otros organismos público.
El mundo ha experimentado un renovado interés por la protección de datos personales, el que, a su vez, ha desembocado en distintas legislaciones que han elevado el nivel de protección de la autodeterminación de las personas. Así, se promulgó recientemente la Ley N° 21.719, que
La Corte adoptó medidas urgentes con la finalidad de cumplir con las obligaciones provenientes de las convenciones internacionales adscritas por el Estado Chileno.