




La presente se publicó en el Diario Oficial el 10 de abril del 2024.


El fallo sostuvo que no procede eliminar noticias veraces por el solo transcurso del tiempo y reiteró que el denominado derecho al olvido no tiene reconocimiento autónomo en el ordenamiento chileno.


La iniciativa ingresó a la Cámara de Diputados mediante el Boletín Nº 18.341-25 y propone crear un registro administrado por el Servicio de Registro Civil e Identificación, incorporando efectos administrativos vinculados a determinadas condenas e infracciones.