El máximo tribunal ratificó que la acción cautelar no es la vía idónea para impugnar la caducidad de una resolución ambiental, existiendo recursos administrativos y reclamación ante tribunales ambientales.
El máximo tribunal estimó que el acto administrativo que puso término anticipado a la contrata de un funcionario municipal se encontraba debidamente fundado en una reestructuración organizacional y en la eliminación de la unidad que dirigía.
El Ejecutivo ingresó el Boletín N° 18.116-07 que busca consagrar a la Defensoría Penal Pública como órgano autónomo constitucional, reforzando la igualdad de armas en el proceso penal.
El máximo tribunal concluyó que el recurso fue presentado fuera del plazo de 30 días desde que el jugador tuvo conocimiento de las sanciones disciplinarias impuestas por la organización deportiva.
La Tercera Sala estableció que la Ley N° 20.009 se aplica incluso cuando el usuario es engañado para entregar sus claves, y calificó de ilegal la negativa del banco a restituir.
Actores del sector inmobiliario analizaron los posibles efectos de la propuesta del Gobierno de suspender por 12 meses el IVA en la compra de viviendas, en el marco del proyecto de ley de Reconstrucción Nacional.
Autoridades de la Región de Los Lagos y representantes del sector salmonero respaldaron la propuesta del Gobierno para acelerar la relocalización de cerca de 200 centros de cultivo en el país, iniciativa que forma parte del proyecto de ley de “Reconstrucción Nacional”.
BHP ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) el proyecto “Nueva Concentradora Escondida”, iniciativa con la que busca sostener la operación de su faena en el largo plazo.
A partir de su investigación sobre la protección de la privacidad y los datos personales como banco de prueba de la teoría de los derechos fundamentales, el profesor de Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Eduardo Aldunate Lizana, analiza las dificultades en la construcción dogmática de este derecho y su desarrollo en el derecho comparado.
El máximo tribunal ratificó que la acción cautelar no es la vía idónea para impugnar la caducidad de una resolución ambiental, existiendo recursos administrativos y reclamación ante tribunales ambientales.
El máximo tribunal estimó que el acto administrativo que puso término anticipado a la contrata de un funcionario municipal se encontraba debidamente fundado en una reestructuración organizacional y en la eliminación de la unidad que dirigía.
El Ejecutivo ingresó el Boletín N° 18.116-07 que busca consagrar a la Defensoría Penal Pública como órgano autónomo constitucional, reforzando la igualdad de armas en el proceso penal.
