En entrevista con Actualidad Jurídica: el blog de DOE, la académica de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Talca, Carolina Riveros, analiza los desafíos que plantea la protección de datos personales respecto de grupos vulnerables, particularmente en el ámbito sanitario y en relación con derechos de la personalidad como la privacidad y la imagen.
El máximo tribunal ratificó que la acción cautelar no es la vía idónea para impugnar la caducidad de una resolución ambiental, existiendo recursos administrativos y reclamación ante tribunales ambientales.
El máximo tribunal estimó que el acto administrativo que puso término anticipado a la contrata de un funcionario municipal se encontraba debidamente fundado en una reestructuración organizacional y en la eliminación de la unidad que dirigía.
El Ejecutivo ingresó el Boletín N° 18.116-07 que busca consagrar a la Defensoría Penal Pública como órgano autónomo constitucional, reforzando la igualdad de armas en el proceso penal.
El máximo tribunal concluyó que el recurso fue presentado fuera del plazo de 30 días desde que el jugador tuvo conocimiento de las sanciones disciplinarias impuestas por la organización deportiva.
La Tercera Sala estableció que la Ley N° 20.009 se aplica incluso cuando el usuario es engañado para entregar sus claves, y calificó de ilegal la negativa del banco a restituir.
Actores del sector inmobiliario analizaron los posibles efectos de la propuesta del Gobierno de suspender por 12 meses el IVA en la compra de viviendas, en el marco del proyecto de ley de Reconstrucción Nacional.
Autoridades de la Región de Los Lagos y representantes del sector salmonero respaldaron la propuesta del Gobierno para acelerar la relocalización de cerca de 200 centros de cultivo en el país, iniciativa que forma parte del proyecto de ley de “Reconstrucción Nacional”.
BHP ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) el proyecto “Nueva Concentradora Escondida”, iniciativa con la que busca sostener la operación de su faena en el largo plazo.
Durante siete años, un ejecutivo comercial utiliza un número de teléfono móvil contratado y pagado por la empresa. Sus clientes, proveedores y demás contrapartes lo tienen registrado a su nombre. Cuando termina la relación laboral, la empresa exige la devolución del equipo y de la línea y asigna el número a su reemplazante. El trabajador sostiene que ese número constituye un dato personal y Recursos Humanos responde que se trata de un bien de propiedad de la empresa.
El banco desconoció condiciones previamente ofrecidas y aceptadas por un consumidor y entregó información contradictoria sobre la tasa del crédito. Restableció una multa de 30 UTM y una indemnización de $17.090.167.
La Corte Suprema acogió una solicitud contra la negativa del Conservador de Bienes Raíces de San Miguel y estableció que la anotación de una compraventa en el Repertorio gozaba de preferencia frente a un embargo anotado posteriormente. La inscripción deberá practicarse siempre que se acredite el pago de contribuciones.
