Quienes llevamos más de dos décadas —en mi caso, cerca de veinticinco años— enseñando Derecho Procesal sabemos que la docencia no es una actividad estática, sino un ejercicio permanente de ajuste. Ajuste a los tiempos, a los estudiantes, a las exigencias institucionales y, por cierto, a la propia evolución del sistema de justicia. Sin embargo, pocas veces como hoy esa necesidad de flexibilidad se vuelve tan evidente —y tan urgente— como en el actual escenario de la educación jurídica de pregrado.