Tras el Golpe de Estado las Cortes en general y la Corte Suprema en especial no cumplieron con el deber de proteger a las personas afectadas por la brutalidad represiva, enviando claras señales de pasividad y consentimiento.
A la postre, la mayoría de los jueces declinaron hacer prevalecer el Estado de Derecho. Es más la costumbre fue “sancionar drásticamente los fallos y las actuaciones que disentían de su posición oficial de activa colaboración con la dictadura”.
La instalación y consolidación del régimen dictatorial supuso un cambio drástico en el rol del Poder Judicial. Un cambio del activísimo rol bajo el Gobierno de Allende a un rol de pasividad o complicidad en Dictadura.
La censura y la represión se intensificaron, y los tribunales se convirtieron en instrumentos del Estado para blanquear la violencia y los abusos contra los derechos humanos.
Jueces críticos del régimen fueron destituidos, y la independencia judicial se comprometió considerablemente.
El papel asumido por el Poder judicial de la época en la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos fue lamentable. En lugar de velar por la justicia y la protección de las personas, renunciando en los hechos a su función de amparo y protección.
Resultado: Decenas de miles de personas fueron detenidas, torturadas y ejecutadas extrajudicialmente, y el Poder Judicial se convirtió en una herramienta para justificar estos actos en donde quienes detentaban el Poder del Estado deshumanizaron a los adversarios.
La “Justicia” no sólo fue ciega o al menos tuerta; ¡fue ciega, sorda y muda!
Muestra de ello, a modo de ejemplo, el simulacro en torno a los recursos de amparo.
El recurso de amparo es una acción relacionada con la protección de los Derechos Humanos ligados a la libertad de las personas, que fue usada como una medida de protección, durante la dictadura, pero que por el abandono o debilidad de los tribunales superiores no pudo cumplir su objetivo.
El rechazo a los recursos de amparo por parte de la Corte de Apelaciones en primera instancia y por la Corte Suprema en segunda instancia, fue algo normal y sistemático, prácticamente todos fueron rechazados, cerca de 10,000.
Normalmente las Cortes pedían además informes a la policía, al Ministerio del interior, a la DINA o CNI, y recibirían como respuesta la negativa de saber el paradero de estos prisioneros.
Con esto, rechazaron miles de recursos de amparo, condenando a muerte, en los hechos, a los amparados.
Salvo contadas excepciones, los amparos fueron un ejercicio de simulacro para la Justicia.
En fin, sólo un puñado de amparo fue acogido… entre 1973 y 1983: de 5400, 10 acogidos!
Nuestra Justicia renunció en la práctica a juzgar el terror impuesto a los enemigos del nuevo régimen, de la dictadura.
Dio visto bueno, en los hechos, a la consolidación de versiones falsas y montajes de la dictadura.
Como dijo un destacado juez y ex ministro (Carlos Cerda): lo que más debían hacer los jueces como institución, era precisamente lo que menos hacían. La angustia y amargura tenían que ver con lo siguiente:
“Cuando uno entra a una institución como esta, que tiene la intención decidida, definitiva y vital de cambiar las cosas en relación con las injusticias y desigualdades, libertades, en resumen defender los derechos de las personas, espera con mucho anhelo poder cumplir este cometido.
Sin embargo, desde el Poder judicial no se podía dar la lucha organizativamente, sólo se podía hacer testimonialmente, en la medida en que uno resolvía como juez de una manera distinta a como lo hacían los demás”.
Pues bien, el rechazo a miles de recursos de amparo y la amnistía sobre distintos crímenes evidenciaron una posición condescendiente de la Corte Suprema con la Junta Militar, un rol que sólo luego de muchos años de transición permitió una viabilidad en las acusaciones contra violadores a los derechos humanos.
En retrospectiva, la cooptación durante la dictadura minó su independencia y comprometió su capacidad de ser un contrapeso efectivo a la Dictadura.
Como sea, la historia crítica del Poder Judicial chileno sirve como recordatorio de la importancia de una judicatura autónoma y ética en la construcción de una sociedad democrática y justa.
