El ex superintendente de Salud de la administración de Patricio Aylwin y director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello, Héctor Sánchez, considera que los aspectos relacionados a los modelos de atención de salud no deben estar incluidos en la propuesta de Carta Fundamental del Consejo Constitucional, ya que hace más difícil la adaptación y resolución de problemas futuros relacionados a la materia.
La semana pasada el Consejo Constitucional aprobó la libertad de elección en salud y la creación de un plan básico universal, ¿qué piensa de esta norma?
Creo que -a nivel constitucional- uno tiene que definir claramente cuáles son los derechos fundamentales de las personas y dejar que la ley determine democráticamente en el Parlamento cuál va a ser el sistema de salud a través del cual se van a lograr ciertos derechos.
Por lo tanto, desde esa perspectiva, creo que todo derecho que las personas tengan y que sea igualitario para todos, debe ir en la Carta Fundamental.
Lo que no debe ir en la Constitución son aquellos aspectos que son más programáticos, por ejemplo, los relacionados a un modelo de atención. En el pasado, la Asamblea Constituyente pretendió que, para garantizar estos derechos, el sistema de salud debía ser único, es decir, de carácter público y que tenía que ser organizado por el Estado con complemento del centro privado, ahí ya entrábamos en lo programático.
Ahora, nuevamente estamos repitiendo ese error, porque -en el fondo- estamos diciendo que este derecho se tiene que garantizar a través de un sistema que le dé libre elección a las personas entre el sistema público y el privado, y que el Estado tiene que garantizarlo. En definitiva se está generando un texto constitucional que va más allá de lo que debería ser.
El texto constitucional, a mi juicio, tiene que referirse fundamentalmente a los derechos y separar claramente lo que son políticas públicas, ya que estas no pueden ir en la Carta Fundamental.
Cabe recordar que es política pública el cómo se organizan los recursos del Estado, o sea, cómo se financia y organiza el sistema de salud y sus modelos de atención, ¿por qué son políticas públicas?, porque son esencialmente cambiantes. Cambian en función de las particularidades culturales y sociales de la población, pero también de las características del perfil epidemiológico y los avances tecnológicos.
Lo que hoy puede ser muy bueno para un sistema de salud, mañana podría ser tremendamente malo, y por eso se tiene que dejar como políticas públicas para que tenga más flexibilidad de cambios.
Entonces ¿el error -que usted ve- es consagrar algo en la Constitución que no se podrá cambiar, de ser necesario?
Sí, porque «rigidiza» la adaptación, la hace más difícil. Supongamos que en el futuro haya un cambio en las reglas del juego, en el peso político de los actores, por ejemplo, y que nos encontremos con una mayoría importante del país -o con experiencia internacional- que diga que el sistema se tiene que organizar de una forma distinta a lo que están planteando los consejeros y expertos constitucionales. Si esto fuera así, tendríamos que cambiar la Constitución, nuevamente.
En caso contrario, si el marco constitucional es lo suficientemente amplio como para que permita cualquier modelo de atención, se deja al Parlamento la función de definir políticas públicas, de ser necesario.
Lo mismo pasa con el tema de las contribuciones de la primera vivienda. En materia de salud suena más bonito, pero -en el fondo- es un sistema extremadamente ineficiente que se está abandonando en el mundo entero. Entonces, ¿por qué no concentrarnos en los derechos fundamentales y dejar todo el resto a la definición de las políticas públicas? Esa es la pregunta que me hago.
Es una Constitución más minimalista, pero que también comprende a los que piensan diferente. Yo me opuse a la anterior propuesta de Carta Fundamental en forma muy decidida, principalmente porque nos querían imponer un modelo de organización de sociedad. Yo creo que no podemos arruinar esta segunda oportunidad y cometer los mismos errores.
Respecto al plan básico universal de salud, ¿considera que es una buena alternativa para combatir la desigualdad del sistema sanitario?
Lo que se tiene que salvaguardar como principio es, primero, definir un nivel de cobertura que sea igual para todos como mínimo. Ahora, ¿cuál es el mínimo? Eso lo definen las políticas públicas y la Secretaría Económica del país.
Segundo, la cobertura que se alcance en ese plan universal de salud tiene que ser una cobertura equitativa. En otras palabras, no puede haber diferencias en el acceso en función de la edad, sexo o prexistencias médicas. Por lo tanto, desde esa perspectiva, el tema de la equidad pasa a ser un elemento central.
Tercero, la universalidad. Por lo tanto, nadie tiene que quedar excluido. Desde el momento que alguien es reconocido como chileno tiene que tener acceso a esta cobertura.
Cuarto, el Estado tiene que garantizar un sistema, ya que -por defecto- permite a todas las personas acceder, en el caso de que no cuenten con los recursos financieros suficientes. Y ese puede ser un sistema público, mixto o privado, dependiendo cuál es la condición que se da en el país en el momento en que se produce la situación.
¿Hay alguna experiencia internacional que podamos usar a modo de ejemplo -en el Consejo Constitucional- para la creación de normas en materia de salud?
Sí, existe experiencia. Por ejemplo, España -un caso que acabo de ver- tiene un sistema único de salud y uno para el público, pero las personas también pueden acceder a servicios privados.
Mientras más flexible sea la Constitución, se le da posibilidades al Estado para que resuelva los problemas de salud de la población, de acuerdo a las condiciones sociales, culturales y políticas. Por lo tanto, cuando generas un marco constitucional que es lo suficientemente amplio, estás generando condiciones para que esa Carta Fundamental dure mucho tiempo y, efectivamente, puedan definirse políticas públicas tan amplias como es la gama de pensamiento que existe en el país.
Yo no le tengo miedo a la democracia. Yo no le tengo miedo a que, en definitiva, en un minuto determinado existan posibilidades de organización que yo no comparto. Si son distintas a las que yo comparto, debemos probarlas y analizar qué sucede.
La experiencia a nivel mundial está mostrando que, cuando un país toma un camino equivocado, la gente directamente empieza a producir los cambios y a adecuar el sistema de salud a su ideología, idiosincrasia y necesidades. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que es fundamental generar condiciones que te permitan tener una Constitución lo más minimalista posible. Ese es mi criterio.
¿Existe -a su criterio- alguna norma fundamental que podría incluirse en la propuesta constitucional para solucionar las brechas en materia de salud que tiene el país?
Yo diría que lo que hay que garantizarles a las personas es -básicamente- los derechos fundamentales de acceso a la salud; su fomento, el cuidado, la recuperación y la rehabilitación. De tal manera de que este acceso se garantice en forma equitativa y universal, sin depender de las condiciones de ingreso, sociales, de salud, de sexo o del ciclo biológico que tengan otras personas para poder acceder a estos servicios.
El Estado debe generar las condiciones y el financiamiento para que, en definitiva, las personas puedan acceder a las garantías que la propia Constitución le entrega a través de, por ejemplo, un plan universal de salud que sea igual para todos, independiente de cualquiera sea su condición. El cómo se organiza el Estado y sus recursos es motivo de política pública. Y las políticas públicas las tiene que ir definiendo el Parlamento por definición de la propia Constitución.
Chile aún tiene muchos desafíos pendientes respecto al mejoramiento del sistema sanitario, ¿cómo cree que va a influir la crisis financiera de las isapres en este panorama?
Creo que puede influir enormemente, porque -incluso- puede condicionar a ciertas mayorías circunstanciales, para «dejar amarrado» el sistema. Por lo tanto, yo creo que si el Gobierno piensa que va eliminar el sistema a través de la no resolución del problema, solamente lo está consolidando.
Desde esa perspectiva, para mí es tremendamente importante la solución del problema de las isapres, no solo por la crisis sanitaria que conlleva, sino también por el déficit que traerá a nivel de prestadores y personas, principalmente para aquellos afiliados y afiliadas a las aseguradoras que están enfermos o cursando un tratamiento.
Hoy, no tenemos un «plan B» para enfrentar este problema y la solución que está planteando el FONASA, a través del proyecto de ley corta que se está tramitando en el Congreso, no es la solución, ni va a ser suficiente para resolver los problemas de la gente. Yo creo que es fundamental, en consecuencia, que tanto el Estado, el Gobierno y la oposición se alineen para buscar una solución definitiva al sistema.
¿Considera que el Estado, en conjunto con los parlamentarios, está a tiempo de solucionar la crisis de las aseguradoras y sus repercusiones?
Yo creo que todavía estamos a tiempo, pero queda muy poco. Lamentablemente, el Gobierno ha especulado con los tiempos de manera abusiva.
Esa es mi mirada y, por lo tanto, en la medida que el Ejecutivo siga haciéndolo, esta situación va a pasar a ser tremendamente riesgosa en pocas semanas, porque -recordemos que- en noviembre se tiene que cumplir el fallo, respecto al cual el superintendente casi no se ha pronunciado.