El acceso femenino a las profesiones jurídicas ha cambiado significativamente en las últimas décadas en todo el mundo. Las barreras formales –que otrora limitaban el ingreso de mujeres a la abogacía y a la función pública– se han reducido drásticamente en el mundo, y las mujeres han aumentado significativamente su presencia, sobre todo, en la judicatura. Sin embargo, el aumento sostenido del número global de mujeres en los sistemas judiciales de varios países– incluido Chile– no equivale al triunfo de la igualdad de género en la magistratura ni mucho menos en el acceso a la justicia.
La histórica exclusión femenina ha dejado una profunda huella en la organización judicial que subsiste hasta hoy. Feminización y desvaloración son, entonces, dos caras de la misma moneda. Mientras la función jurisdiccional es ejercida globalmente por más mujeres que hombres (al menos, en occidente), los fenómenos de segregación femenina, tanto vertical como horizontal, campean. Por un lado, la presencia estable de mujeres en altas cortes es baja y precaria; y, por otro, las mujeres tienden a concentrarse en ciertas jurisdicciones (por ejemplo, civil, familiar u otras vinculadas a lo social), escaseando en otras, consideradas más prestigiosas o técnicas.
Es verdad que, en varios países de América Latina, los dispositivos de cuotas y de paridad han logrado permear la configuración del sistema de justicia aumentando las oportunidades de las mujeres de ascender al interior de la carrera judicial. Corren vientos de cambio a nivel socio-institucional. Pero es verdad también que esos vientos son, habitualmente, inestables. Las normas y prácticas políticas concebidas para mejorar la participación femenina en altas cortes han tenido una eficacia dispar y han tendido a fragilizarse. En la mayor parte de los países latinoamericanos se observan patrones cíclicos de aumento de presencia femenina, seguidos de períodos de regresión. Poco importa si la igualdad de género es parte del conjunto de reglas– constitucionales o legales– que regulan formalmente los procesos de nombramiento judicial en altas cortes o si ella viene operando–como ha ocurrido en Chile– como una práctica informal, adoptada por algunos gobiernos.
Mejorar la participación de las mujeres en pie de igualdad con los hombres al interior de los sistemas de justicia no solo requiere hacer frente a la inercia de una cultura jurídica tradicionalmente masculinizada, también supone resistir otro tipo de embates. Con el tiempo, la igualdad de género se ha transformado en un blanco a derribar o en un nuevo botín en contextos institucionales cruzados por reacciones conservadoras o erosionados por la corrupción.
La decisión del presidente argentino, Javier Milei, de promover dos candidaturas masculinas para llenar vacantes de la Corte Suprema de Justicia (a saber, un juez cuestionado por falta de idoneidad y un académico contrario al aborto) es un ejemplo palmario de reacción conservadora. De prosperar esas nominaciones, dicho tribunal quedaría compuesto íntegramente por hombres, devolviendo la historia de la judicatura argentina un par de décadas atrás.
En algunos países de la región americana la incorporación de reglas de paridad ha generado prácticas de selección que favorecen a mujeres permeables a la corrupción o afines a las agendas conservadoras, excluyendo, en cambio, a quienes desafían unas y otras. Aquellas juezas, abogadas o académicas que son etiquetadas peyorativamente de “feministas” son objeto de especial evicción; pueden, inclusive, quedar expuestas a formas de violencia política. Así las cosas, defender los intereses femeninos o cultivar los estudios de género puede significar pagar un alto precio. No solo en otros sitios, también en Chile. El caso de la jueza, Jéssica González, quien ha tenido dificultades para obtener el apoyo de sectores conservadores del Senado, en sus intentos de llegar a la Corte Suprema, lo ilustra bien. Su pecado: declararse proclive a la igualdad de género y adoptar prácticas interpretativas que incorporan la perspectiva de género en la adjudicación judicial. En estos días que el sistema de justicia chileno está en la mira de la ciudadanía debido a que prácticas de corrupción y de clientelismo han salido a la luz, es importante tener presente que una excesiva politización, como la que existe en la actualidad, no solo merma la independencia e imparcialidad de la judicatura, también genera condiciones que pueden socavar los escasos avances en igualdad de género.
