A través de la historia se ha considerado al accountability o rendición de cuentas como una herramienta necesaria para el buen funcionamiento de la democracia. La existencia de un adecuado sistema de rendición de cuentas se encuentra indisolublemente unido con la democracia como forma de gobierno, de modo que no puede implementarse la primera sin un adecuado “sistema de frenos y contrapesos”, como lo denominó en 1789 la Constitución estadounidense, evidenciando una especial preocupación por supervisar el poder. Se encuentran referencias respecto al control sobre el poder de los gobernantes como problemática de los ciudadanos desde la antigua grecia en adelante. Así, lo que caracteriza a la democracia es lo que Weber denominaba la “legitimidad racional”, en oposición a la “legitimidad de la dominación tradicional”, amparada en la tradición y que tenía como consecuencia que las monarquías no debían rendir cuentas a nadie.
En este sentido, el fundamento del accountability radica en que si el poder reside en las personas, ellas deben contar con los instrumentos precisos para la exigencia de rendición de cuentas, tal como señala Dahl (1992). De acuerdo a Pitkin (1985) a través de la elección de los representantes políticos, aquellos asumían “la responsabilidad del mandato”, la cual quedaba sujeta a la evaluación de los representados. Así también lo planteaba James Madison, a finales del siglo XVIII, en El Federalista al señalar que “en contrapartida, el pueblo contaba con el derecho para exigir cuentas a sus representantes”, considerando como un factor de robustez o fortaleza de un régimen democrático, el grado de control sobre los representantes o mandatarios. John Stuart Mill recoge las ideas de Madison sobre rendición de cuentas, que un siglo antes planteara también John Locke, señalando como una de las ventajas del modelo representativo el “proporcionar un mecanismo de observación y control de los poderes”.
Las formas y mecanismos de ejercicio de este control han evolucionado con el tiempo y los procesos de desarrollo, modernización y profundización de la democracia, existiendo en la actualidad diversas manifestaciones: Controles horizontales, controles verticales, controles diagonales. La separación de poderes o funciones, el voto o sufragio, las agencias constitucionalmente autónomas, la participación ciudadana, el rol de la academia, la prensa y la opinión pública son agentes y mecanismos de control y rendición de cuentas que juegan un rol imprescindible para la legitimidad de las democracias.
Es el sistema de rendición de cuentas o accountability conformado por la combinación y convivencia de estos mecanismos el que robustece los sistemas democráticos, de modo que se trata de un asunto de política pública que debe representar un pilar en la regulación constitucional y legal, y sobre todo, en la creación de instituciones. Se trata, además, de una forma de concebir las relaciones entre la sociedad y el Estado, que trasciende la relación tradicional entre gobernantes y gobernados, donde la capacidad de la ciudadanía de formar parte de las decisiones que los afectan y la existencia de la posibilidad de control sobre las actuaciones de los gobernantes como formas de involucramiento ciudadano son necesarias en una democracia. Esta forma de concebir la relación con el Estado tampoco es tan novedosa, ya que, como se señalaba en el inicio, se trata del núcleo fundamental del concepto de democracia, donde el control de la gestión gubernamental se considera como un derecho originario y un elemento determinante.
Así, la creación y convivencia de todas estas formas de control democrático tienen como objetivo verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por los distintos gobiernos y se erige como una necesidad frente a la burocracia que muchas veces se apodera del aparato público, asegurando la participación, el derecho de acceso a la información pública y la transparencia de los actos, permite supervisar el cumplimiento de programas y compromisos y llevar adelante efectivos procesos de descentralización.
