La propuesta del gobierno plantea, además, un nuevo marco de financiamiento al transporte público de regiones y de la RM.
El pasado 29 de junio ingresó a la Cámara de Diputados el Boletín N° 15.140-15, proyecto de ley que establece un nuevo marco de financiamiento e introduce mejoras al transporte público remunerado de pasajeros de regiones y de la Región Metropolitana.
Lo anterior se traduce en una extensión de la vigencia de los subsidios transitorios establecidos en la ley N° 20.378; aumentar el monto del subsidio permanente dispuesto en el mismo cuerpo legal, además de ampliar a los sistemas de transporte público regional figuras que propenden a asegurar la continuidad operacional de éstos.
De esta manera, el proyecto de ley propone incrementar los montos del subsidio permanente a los sistemas de transporte público del país en hasta 32 mil millones de pesos el año 2022; el año 2023, en hasta 186 mil millones adicionales al monto del año anterior; y el año 2024 en hasta 58 mil millones adicionales al monto de los años anteriores.
Lo anterior, de manera de mantener el equilibrio financiero de los sistemas de transporte público tanto de la Provincia de Santiago y las comunas de San Bernardo y Puente Alto, como de regiones con regímenes regulados.
Además, se plantea extender la aplicación de la figura del Administrador Provisional de Transporte a los sistemas de transporte regulado utilizados especialmente en regiones; así como aplicar el estatuto de bienes afectos del transporte público a sistemas y servicios implementados a lo largo de todas las regiones de nuestro país.
También, el proyecto propone enfocar el destino del Fondo de Apoyo Regional para ser invertido en conectividad digital. A su vez, se propone fortalecer la cobertura y calidad de los servicios de transporte público de pasajeros en las regiones, diversificando el uso de los recursos provistos a través del FAR (Fondo de Apoyo Regional).
Lo anterior, permite no sólo la inversión en infraestructura para transporte, sino también su operación, posibilitando el gasto en insumos, inversiones, servicios y administración que complementan y mejoran los niveles de servicios del transporte público.
Por otro lado, se plantea volver obligatoria la prerrogativa, actualmente facultativa, que impide que las disminuciones tarifarias generadas por la aplicación de subsidios en el transporte impacten negativamente en las remuneraciones de las y los conductores.
De igual forma, se propone eliminar las barreras de entrada asociadas a la antigüedad de los vehículos impuestas a potenciales beneficiarios del Programa Especial en el marco del Fondo de Apoyo Regional. Asimismo, se prevé incorporar sanciones ante incumplimientos de los vehículos beneficiarios del Programa Especial, así como de los programas de modernización del transporte público mayor y de taxis colectivos, en su calidad de transporte público menor.
Finalmente, el proyecto busca introducir la notificación electrónica en los procedimientos sancionatorios establecidos en esta ley, incorporando los términos establecidos en la ley N° 19.880 en cuanto a la tramitación digital de los procedimientos administrativos.