La reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) busca entregar mayor certeza y agilidad en la tramitación de proyectos, pero también incorpora disposiciones que podrían generar efectos contrarios.
Así lo advierte Andrea Gallyas, abogada y asociada senior de Jara del Favero Abogados (JDF), quien en conversación con Actualidad Jurídica: El Blog de DOE señala que, si bien se trata de una iniciativa necesaria, persisten riesgos vinculados a la incorporación de materias no ambientales, la falta de criterios uniformes y la posible judicialización del sistema.
El SEIA cumple más de 25 años desde su creación. ¿Cómo evalúas su trayectoria en términos de logros y limitaciones?
Se debe reconocer una gran evolución en la calidad y tecnificación de la evaluación de impacto ambiental en Chile durante los últimos 25 años. En comparación con los primeros años, hoy la evaluación es mucho más completa y asertiva.
También es destacable el nivel de transparencia y acceso a la información, clave para generar confianza en la ciudadanía, los distintos sectores y el Estado, disminuyendo la asimetría de información y la arbitrariedad. Sin perjuicio de ello, los avances se ven limitados por falencias como la disparidad de criterios entre regiones, la descoordinación entre los servicios que participan y la inclusión de materias sectoriales que exceden la razonabilidad en el contexto ambiental. Estos aspectos deben mejorar necesariamente.
El proyecto de ley Nº16552-12 propone cambios a la institucionalidad ambiental. ¿Qué innovaciones te parecen más significativas en esa dirección?
El proyecto de ley plantea cambios relevantes, como la exclusión del componente político en el SEIA mediante la eliminación de las Comisiones de Evaluación y del Comité de Ministros. Esto podría ser positivo en términos de certeza y agilidad, pero requiere de un ordenamiento territorial actualizado y transversalmente validado, de modo que los proyectos que cumplan la normativa no se vean entrampados por trabas posteriores.
La eliminación de estos órganos también debería acortar etapas, lo que implicaría mayor rapidez. Asimismo, se busca perfeccionar el sistema recursivo, que hoy es largo y engorroso. Sin embargo, surgen dudas con propuestas como igualar la posición jurídica de los observadores ciudadanos con terceros que no presentaron observaciones diligentes, o eliminar el recurso ante tribunales ambientales en ciertos casos, lo que podría abrir efectos no deseados. En definitiva, el sistema recursivo requiere mejoras, pero las modificaciones deben ponderarse para evitar una mayor complejidad jurídica.
Una de las metas de la reforma es dar mayor rapidez al sistema. ¿De qué manera se puede agilizar la tramitación sin sacrificar calidad técnica ni protección ambiental?
Es necesario depurar las materias que se revisan dentro del SEIA, eliminando aquellas que no sean ambientales. El SEIA no fue diseñado para resolver ordenamiento territorial ni otras materias sectoriales, cuya incorporación lo vuelve lento y engorroso.
Otro factor que retrasa la evaluación son las líneas de base. Cuando estas no cumplen con lo esperado por la autoridad, los proyectos se detienen largos periodos. Podría implementarse una instancia previa al ingreso al SEIA para validar dichas líneas, lo que permitiría una evaluación más expedita sobre impactos y medidas.
Junto a ello, no basta con fortalecer capacidades técnicas del SEA y los servicios con competencia ambiental: es clave resguardar que las solicitudes a los proponentes se mantengan dentro del ámbito ambiental y que se reduzcan requerimientos poco claros o dispares entre regiones.
La participación ciudadana es un eje central del SEIA. ¿Qué transformaciones anticipas en este ámbito con la reforma?
El proyecto considera dos cambios importantes: la oficialización de la participación ciudadana temprana mediante un procedimiento regulado y acompañado por un “facilitador”, y la ampliación de la participación en las DIA, al disminuir los requisitos para solicitarla.
La primera medida puede ser positiva porque acerca a la ciudadanía a los proyectos y facilita la entrega de información valiosa sobre el territorio. No obstante, el texto no muestra un beneficio concreto para los proponentes, y existe el riesgo de que se transforme en una carga adicional, como la exigencia de antecedentes desmedidos en etapas tempranas.
La segunda medida es positiva porque facilita la participación, aunque requiere fortalecer al SEA para evitar que el aumento en procesos reduzca la calidad de estos.
Desde el punto de vista de la inversión y la certeza regulatoria, ¿qué efectos prácticos podría tener esta propuesta?
Uno de los grandes problemas del SEIA y de las RCA es la escasa flexibilidad y la falta de claridad para modificar resoluciones cuando el cambio no es sustantivo. La reforma introduce la figura de la declaración jurada para modificaciones menores, lo que podría ser una buena solución si se regula adecuadamente. Sin embargo, sin criterios claros y estables, esta herramienta podría perder confianza y eficiencia, manteniendo el problema original.
En términos generales, el objetivo de la reforma es compartido: aumentar certeza jurídica y disminuir plazos. Pero también contiene disposiciones que pueden ir en sentido contrario, como ampliar plazos para término anticipado de procedimientos, aumentar el alcance de la revisión de las RCA o mantener materias no ambientales dentro del SEIA. Estos aspectos deben ponderarse cuidadosamente antes de legislar.
De cara a los próximos años, ¿cuáles son los principales retos para que el sistema responda a la crisis climática y a las nuevas exigencias sociales?
Un desafío central es aprobar proyectos en tiempos razonables, con certeza técnica y jurídica sobre su impacto, evitando trabas por permisos sectoriales o excesiva judicialización que aleje inversionistas. El cambio climático y las exigencias sociales son complejos de abordar, y el reto es lograr un equilibrio para alcanzar un desarrollo sustentable real.
En materia climática, se debe implementar un sistema eficiente para la tramitación de urgencia. Aunque existe, no ha funcionado en la práctica. Frente a eventos extremos, como sequías severas, se debe contar con aprobaciones rápidas para proyectos como plantas desalinizadoras, sin sacrificar calidad técnica.
Respecto de las demandas sociales, urge actualizar la planificación territorial para que cuente con aprobación de comunidades, titulares de proyectos y Estado, antes del ingreso de iniciativas al SEIA.