El proyecto incorpora varios cambios que amplían la definición de lobby y extienden el ámbito de aplicación de la ley.

Establece la obligación a los establecimientos educacionales subvencionados o que recibe aportes del Estado, realizar talleres y/o jornadas sobre acoso escolar para estudiantes, apoderados, profesores, directores y todo miembro de la comunidad educativa.

Además, modifica las atribuciones del Fiscal Nacional, agregando nuevas facultades.

Así como también establece reglas legales básicas para reglamentación de establecimientos penitenciarios por parte de Gendarmería de Chile.

La legislación vigente actual aborda los aspectos más significativos de los procesos de reciclaje a nivel nacional.

Se establece la obligación de notificar a la víctima, o a sus padres, representantes legales o cuidadores si fuere menor de edad, de la realización de la primera audiencia y de todas las gestiones que se realicen durante el proceso.

Propone el fortalecer las competencias de la Subsecretaría del Interior en la mantención del orden público y de la seguridad tanto interior como exterior y mejorar la ejecución de las expulsiones administrativas.

Se pretende dar protección dichos trabajadores sin distinción de su calidad contractual, ya sea funcionarios municipales o en régimen de subcontratación.