Actualmente, nuestro país ha establecido metas de desarrollo sostenible y está trabajando en políticas, estrategias e iniciativas que ayuden a reducir la contaminación; una de ellas, es la nueva ley contra delitos económicos y medioambientales. Además, el compliance ambiental ha sido un gran aporte en la regulación y prevención de estos ilícitos, fomentando la conservación de los recursos naturales chilenos.
Durante los últimos años, Chile ha experimentado un aumento significativo en los delitos medioambientales. Estos ilícitos son todos aquellos que de forma intencional, accidental o negligente producen la destrucción de ciertos sistemas naturales, especialmente de animales y vida vegetal.
Los delitos ambientales son variados, pero, principalmente, se concentran en la tala ilegal de árboles, el maltrato animal, la contaminación del agua y el aire por desechos, partículas o derrames, los incendios, el tráfico de especies protegidas, entre otros.
Estas acciones no solo tienen un impacto inmediato en la flora y fauna, sino que también amenazan la sustentabilidad a largo plazo del país.
Sin embargo, durante toda la historia de Chile estas acciones no eran consideradas un delito como tal, situación que cambió con la promulgación -el pasado 7 de agosto- de la ley contra delitos económicos y medioambientales.
La nueva normativa introduce un tratamiento distinto de la criminalidad económica en comparación con la criminalidad común, reconociendo los daños sociales significativamente mayores que puede provocar este tipo de delitos.
Si las empresas adoptan adecuadamente las exigencias de esta ley, se debería reducir significativamente el número de infracciones de este tipo, contribuyendo al cuidado del medioambiente.
Expertos sostienen que la promulgación de esta ley es uno de los avances y cambios más importantes del sistema penal, ya que, por primera vez, cualquier acto que atente contra los sistemas naturales será considerado un ilícito por la legislación chilena.
El abogado, socio de Dal Pozzo Medina y profesor de Derecho Penal de la Universidad de Chile, Gonzalo Medina, considera que la promulgación de esta ley constituye un avance significativo, que pone a Chile al nivel de los estándares internacionales, en vías de desarrollo.
“Nosotros carecíamos de una regulación ordenada y sistemática, que abordara de manera integral las distintas formas de afectación del medioambiente. Ahora, tenemos una legislación que se hace responsable de avanzar y mejorar los estándares en materia medioambiental”, dice Medina.
En ese sentido, el experto explica que las penas para quienes cometen estos delitos van desde las multas hasta la privación de libertad.
“La ley establece diferentes tipos de sanciones y la gravedad de estas depende de la conducta contra el medio ambiente. Las penas se calculan según los ingresos del infractor. Además, la ley considera las multas administrativas previas al imponer la sanción penal”, señala.
Por otro lado, el correcto funcionamiento del compliance ambiental en Chile -es decir, el conjunto de normativas, políticas y prácticas que las empresas y organizaciones deben seguir para cumplir con las leyes y regulaciones ambientales en el país- ha ayudado considerablemente a prevenir y regular las infracciones de este tipo.
El compliance ambiental en Chile es fundamental para garantizar la protección del medio ambiente y la sostenibilidad del país, ya que las empresas y organizaciones se ven en la obligación de cumplir con las leyes y regulaciones ambientales; someterse a evaluaciones de impacto ambiental y obtener permisos ambientales.
El incumplimiento de estas normativas puede dar lugar a sanciones significativas. Las multas, por ejemplo, pueden alcanzar los 10 millones de dólares y, quienes no cumplan las reglas, también pueden enfrentarse a sanciones administrativas.
A pesar de los avances en el cumplimiento ambiental, Chile enfrenta desafíos significativos en la gestión de recursos naturales, la contaminación del aire y del agua, y la protección de ecosistemas frágiles, como los glaciares y los bosques.
La Constitución Política de Chile establece el derecho de todas las personas a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y el deber del Estado de proteger este derecho. Algo que busca mantener el actual proceso constitucional, incorporándolo en la nueva propuesta de Carta Fundamental.