La Contraloría General de la República detectó que al menos 1.427 funcionarios públicos involucrados en irregularidades con licencias médicas ya habían sido observados anteriormente por otras conductas incompatibles con el reposo.
El hallazgo forma parte del Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°21 de 2026, elaborado tras identificar nuevos casos de funcionarios que habrían trabajado o percibido ingresos mientras se encontraban con licencia médica.
Del total de reincidentes, 862 ya habían sido observados previamente por viajar al extranjero durante periodos de reposo, mientras que 427 registraban antecedentes por asistir a casinos en esos mismos lapsos.
Además, 138 funcionarios presentaban ambas conductas, lo que, según el organismo, evidencia patrones reiterados y no situaciones aisladas.
Pagos, honorarios y plataformas digitales
La revisión incluyó 48.682 licencias médicas asociadas a estos casos. Del total, un 72% correspondió a Fonasa y un 28% a isapres.
En paralelo, se detectó que 2.538 personas recibieron remuneraciones mientras estaban con licencia, 3.611 obtuvieron pagos por honorarios y otras 162 percibieron ambos tipos de ingresos.
Asimismo, 150 funcionarios registraron pagos a través de plataformas digitales de transporte, reparto o servicios, pese a encontrarse bajo reposo médico.
La contralora general, Dorothy Pérez, advirtió que se identificaron casos de funcionarios que no asistían a sus labores en municipios, ministerios o servicios públicos, pero sí desarrollaban actividades en el sector privado.
Instituciones con más casos
Entre las entidades con mayor concentración de casos aparecen la Fundación Integra, la Junta Nacional de Jardines Infantiles, el Servicio de Salud Concepción y la Universidad de Chile.
Frente a estos antecedentes, la Contraloría instruirá a los organismos involucrados para que inicien sumarios y procedimientos disciplinarios, cuyos avances deberán ser reportados a través del sistema SIAD.
Además, los antecedentes serán remitidos a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, la Superintendencia de Seguridad Social, el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado, para eventuales acciones administrativas, civiles o penales.
