La conducta de las personas que ocupan irregularmente el inmueble de propiedad de la recurrente resulta ser ilegal.
La Tercera Sala del máximo tribunal, en fallo de 9 de octubre de 2025 (Rol N° 17.216-2025), acogió un recurso de protección por ocupación irregular de inmueble interpuesto por la propietaria de una casa en Cerro Toro, Valparaíso. La sentencia revoca lo resuelto por la Corte de Apelaciones y dispone el desalojo con plazo de seis meses, asegurando medidas de resguardo y coordinación estatal para un procedimiento “razonable, proporcional y digno”.
El caso se origina tras ocho años de ocupación de la vivienda por grupos familiares identificados en el expediente. La recurrente acompañó inscripción vigente del Conservador de Bienes Raíces de Valparaíso, acreditando su derecho de dominio. Las recurridas alegaron improcedencia del recurso y falta de título indubitado, pero la Corte Suprema estimó que la acción cautelar procedía al constatar una privación efectiva del derecho de propiedad.
La sentencia reconoce el fenómeno social de las tomas irregulares, subrayando que no puede ignorarse el interés legítimo de los propietarios afectados. No obstante, advierte que el desalojo debe ejecutarse conforme a los estándares internacionales de derechos humanos, garantizando acompañamiento estatal, aviso previo, resguardo de bienes y atención especial a grupos vulnerables.
Asimismo, el tribunal fija un estándar operativo: el municipio y los ministerios de Seguridad Pública, Vivienda, Bienes Nacionales y Desarrollo Social deberán habilitar recintos transitorios para alojar a las personas desalojadas. La decisión será notificada por cédula y servirá como título suficiente para su cumplimiento por Carabineros, dentro de 30 días posteriores al plazo de seis meses otorgado para el abandono voluntario.