La negativa de la recurrida de entregar a la actora los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual, considerando únicamente la naturaleza del vínculo, constituye un acto ilegal y arbitrario que afecta el derecho de propiedad sobre sus ahorros previsionales.
El 12 de septiembre la Corte Suprema en causa rol N° 17.087–2024 revocó la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago y en su lugar acogió la acción, debiendo la recurrida pronunciarse en el plazo de 15 días, sobre la petición de devolución de los fondos previsionales cotizados por la actora durante el tiempo que trabajó en Chile.
Cabe tener presente que se interpuso una acción de protección en contra de la AFP HABITAT, por el acto ilegal y arbitrario consistente en la emisión de la resolución de fecha 24 de enero del año 2024, que no dio lugar a la solicitud de la recurrente de restituirle sus fondos de pensiones, estimando con ello vulnerada la garantía del artículo 19 Nº 24 de la Constitución Política de la República.
La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó la acción, toda vez que los documentos acompañados a la causa, son insuficiente para tener por cierto que se trata de una trabajadora regida por el Código del Trabajo y que el régimen de seguridad social ecuatoriano al que se encuentra afiliada, otorgaría a ésta en su país de origen las prestaciones exigidas por la normativa especial que rige la materia, razón por la cual la recurrente incumple las exigencias previstas en el artículo 1° de la Ley N°18.156.
Apelada dicha decisión, la Corte Suprema la revocó y acogió en los términos indicados precedentemente, toda vez que concluyó que la negativa de la recurrida de entregar a la actora los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual, considerando únicamente la naturaleza del vínculo, constituye un acto ilegal y arbitrario que afecta el derecho de propiedad sobre sus ahorros previsionales.
La Corte Suprema desestimó la alegación de la recurrida de que no puede considerar el Decreto Alcaldicio N° 540 de fecha 3 de junio de 2004 de la Municipalidad de Recoleta, para efectos de acceder a la petición de la actora, debido a que se constata que se desempeñó en nuestro país como funcionaria y no como trabajadora sujeta al Código del Trabajo, éste debe ser desestimado. Ello debido a que una interpretación así implicaría una retención injustificada de los fondos previsionales de la actora.