El gremio planteó al gobierno que estos instrumentos, utilizados en la evaluación de proyectos, estarían excediendo su rol y generando nuevas obligaciones fuera del marco legal.

La Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) expresó al Ejecutivo su preocupación por el uso de guías ambientales en la evaluación de proyectos, en medio del debate por la reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y las trabas en la tramitación de inversiones.

El tema fue abordado en una reunión entre la presidenta del gremio, Susana Jiménez, y la ministra de Medio Ambiente, Francisca Toledo, donde se planteó que estas herramientas estarían siendo utilizadas más allá de su objetivo original.

Las guías, elaboradas por el Servicio de Evaluación Ambiental, buscan orientar la aplicación de la normativa y reducir diferencias de criterio entre autoridades. Sin embargo, desde el sector empresarial sostienen que su uso se ha expandido, transformándose en la práctica en un mecanismo que introduce nuevas exigencias regulatorias.

En esa línea, la CPC advierte que estos instrumentos, de carácter administrativo, no debieran establecer obligaciones adicionales, sino limitarse a ordenar criterios ya definidos por la legislación.

El gremio ya había llevado este tema a la Contraloría, proceso que aún está en curso, y ahora sumó un informe jurídico que revisa las 22 guías vigentes. El documento concluye que varias de ellas amplían el alcance de conceptos establecidos en la ley.

Entre los casos citados aparece la guía sobre áreas de influencia en ecosistemas terrestres, que incorpora criterios asociados a conectividad ecológica y funciones ecosistémicas, lo que, según la CPC, extiende la definición legal vigente.

El análisis también detecta un aumento significativo en el uso de estas herramientas en los últimos años: entre 2022 y 2023 se dictaron 16 guías y 18 criterios, muy por sobre el promedio registrado entre 2014 y 2021.