Uno de los principales desafíos que enfrentará el nuevo gobierno en materia ambiental, dice relación con dos aspectos que derivan del funcionamiento que actualmente ha tenido nuestra institucionalidad.
El primer desafío se vincula a una de las instancias más relevantes en el organigrama ambiental definido tras la reforma del año 2010 a la Ley Nº19.300, como es el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad (CMS). El CMS fue establecido para lograr una mayor coordinación entre el Ministerio de Medio Ambiente (MMA) y otros Ministerios sectoriales con competencia en áreas vinculadas a lo ambiental. De esta manera, se pretendía que aquellos actos administrativos con origen en el MMA requieran del pronunciamiento previo por parte del CMS; así también los de actos elaborados por las autoridades sectoriales con competencias ambientales. Por ejemplo, en el artículo 71 letra a) de la Ley Nº19.300 se menciona como competencias de este consejo proponer las políticas para el manejo, uso y aprovechamiento sustentables de los recursos naturales renovables.
Más de 10 años han pasado desde que se instauró este Consejo, por lo que ya podemos conocer cómo en la práctica ha funcionado. En un estudio publicado en la Revista de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile demuestra que la discusión de actos administrativos provenientes de ministerios sectoriales ha sido deficitaria. En efecto más del 60% de los acuerdos adoptados por el CMS tienen su origen en normas ambientales y no sectoriales; en tanto que los actos de origen sectorial restante, se concentran especialmente en el área de pesca (Ministerio de Economía-Subsecretaria de Pesca).
Los problemas ambientales son fenómenos complejos, no solo por las variables técnicas que provienen de distintas profesiones, sino también por la variedad de efectos que pueden derivar de una mala decisión ambiental. Para hacer frente a los grandes desafíos, se necesita comprender la relevancia de integrar las variables ambientales a políticas y reglamentaciones sectoriales. No basta con la creación de instancias colegiadas con autoridades públicas de distintos ministerios, ni con una política ambiental muy ambiciosa, sino tiene lugar la debida integración a las decisiones de los organismos sectoriales de criterios ambientales.
Otro desafío que requiere de atención en una nueva administración de gobierno, tiene que ver con la continuidad o no del Comité Asesor de Proyectos Sustentables o conocida como la oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS) que fue creada por el Gobierno del ex – Presidente Sebastián Piñera. Este comité tiene como función agilizar proyectos que se encontrarían estancados en la administración pública del Estado.
Uso el verbo “agilizar” pues basta hacer una recopilación histórica, para dar cuenta que este comité tuvo existencia en gobiernos anteriores. En efecto, durante la administración del primer gobierno del ex – Presidente Sebastián Piñera, se creó el “Comité Interministerial de Agilización de proyectos de inversión” (Decreto Supremo 163 publicado el 11 de junio de 2012 del Ministerio de Economía, fomento y turismo); luego, la ex – Presidenta Michelle Bachelet, conformó el “Comité pro-inversión” (Decreto Supremo 202 publicado el 09 de mayo de 2016 del mismo Ministerio previamente citado). La conexión es evidente entre los decretos citados, pues el D.S. Nº163 del 2012 fue derogado por D.S. Nº202 que a su vez también fue derogado por el actualmente vigente Decreto Supremo Nº99 que creo la comentada oficina GPS.
Todos estos comités tuvieron un mismo diagnóstico: el desarrollo de la actividad económica en el país requiere de una coordinación política encaminada a disminuir posibles incertezas y darle fluidez a los procesos regulatorios, que retrasan innecesariamente la materialización de los proyectos de inversión.
Si bien hay experiencias internacionales (como en Canadá con Major Projects management office), quedan dudas respecto al funcionamiento del comité GPS, pues su actividad camina en una delgada línea entre la asesoría a titulares de proyectos relevantes para el país con intervenciones que presionan indebidamente el proceso de evaluación ambiental. Basta recordar que fue la misma Contraloría General de la República que señaló que “la intervención activa llevada a cabo por el precitado Comité durante la tramitación del procedimiento ambiental de la Central Termoeléctrica Castilla, es dable concluir que aquel en la especie, no se ha limitado a una función meramente asesora, naturaleza que tendría de acuerdo con el tenor del ya citado instructivo presidencial GAB. PRES, N° 002, de 2010, ni ha actuado respetando la competencia y autonomía que el ordenamiento jurídico ha asignado a los órganos que intervienen en materia ambiental” (Ver informe en Investigación Especial Secretaria Regional Ministerial de Salud región de Atacama” del 5 de septiembre de 2011).
La experiencia en el funcionamiento de estas instancias administrativas requiere de una profunda revisión. El CMS no ha sido suficiente para incidir efectivamente en actos sectoriales con competencia ambiental, y el Comité GPS necesitará mejorar sus niveles de transparencia para así evitar mermar la legitimidad del proceso de evaluación ambiental en Chile.
