En conversación con Actualidad Jurídica: el blog de DOE, el académico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Talca, director alterno del programa de doctorado y abogado integrante de la Corte de Apelaciones de Talca, Diego Palomo, aborda la crisis de legitimidad de la justicia chilena, los conflictos de interés y los nudos estructurales del sistema.
En ese contexto, Palomo plantea que los cuestionamientos al Poder Judicial tras el denominado Caso Audio han desplazado el debate desde la eficiencia del sistema hacia problemas estructurales de imparcialidad, independencia y nombramientos, advirtiendo sobre los límites de las reformas impulsadas hasta ahora.
Se han impulsado diversas reformas a la justicia chilena. ¿Consideras que han logrado que tengamos una justicia más eficiente?
Hay dos tipos de reformas de las que podemos hablar. Por un lado, está la reforma que apunta al sistema de nombramientos, que actualmente se encuentra en tramitación en el Congreso Nacional y que fue impulsada por el actual Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia. Este proyecto ha ido superando distintas etapas, pero presenta falencias que van a persistir mientras deba ser aprobado por quienes hoy tienen incumbencia directa en el problema, que es el propio Congreso.
Es legítimo preguntarse en qué país del mundo quienes detentan poder e influencia están dispuestos a renunciar a ellos mediante una reforma legal que precisamente los priva de esa influencia. Por eso, el proyecto sigue manteniendo la intervención del poder político en el nombramiento de ministros de la Corte Suprema. A mi juicio, pese a los retoques o al maquillaje que se hace en las etapas previas, el problema de fondo sigue presente y no se aborda de manera estructural.
Entiendo que esta fue, probablemente, la única forma que tuvo el Gobierno para instalar el debate, porque de lo contrario el proyecto ni siquiera habría superado un primer trámite. Pero el desafío es que esta reforma no sea solo un saludo a la bandera, sino que realmente se haga cargo del problema de fondo.
¿Qué debiera ocurrir con ese proyecto hacia adelante?
Este es un tema pendiente y urgente. El Gobierno que asume en marzo debiera hacerlo propio e introducir los ajustes necesarios. Existen propuestas que plantean, por ejemplo, que dentro de una terna o quina no sea el Ejecutivo quien elija, sino que se proceda directamente a un sorteo.
Ahora bien, tampoco me parece razonable que la suerte de quienes van a administrar justicia quede completamente entregada al azar. Como he dicho, el derecho comparado ofrece múltiples modelos que pueden servir de referencia, pero siempre respetando la tradición institucional y la cultura jurídica del país. No se trata de importar soluciones solo por imitación.
Más allá de la reforma al sistema de nombramientos, ¿cómo evalúa las reformas procedimentales, como la penal, de familia o laboral?
Estas reformas han tenido trayectorias distintas. La reforma procesal penal, que comenzó en el año 2000, tuvo un impacto positivo importante, no solo en términos de eficiencia, sino también de legitimidad democrática. Antes teníamos un sistema inquisitivo que carecía de garantías procesales básicas, y hoy contamos con un sistema respetuoso de derechos fundamentales.
Sin embargo, ocurrió algo que es bastante común: se pensó que con modificar las leyes bastaba para asegurar el buen funcionamiento del sistema. Pero las reformas procedimentales deben ir acompañadas permanentemente de una mayor dotación de recursos materiales y, sobre todo, de recursos humanos calificados.
Desde el año 2000 hasta hoy no solo ha aumentado el número de delitos, lo que es natural por razones demográficas, sino que también ha cambiado profundamente el fenómeno delictual. Han surgido delitos que antes no existían en Chile, lo que exige mayores niveles de especialización y más recursos. Si el Estado no está dispuesto a invertir de manera sostenida, el sistema termina colapsando, como ocurre hoy en muchas regiones, donde los juicios se agendan a un año o más plazo.
¿Esa situación se repite en otras áreas de la justicia?
Sí, ocurre algo similar en la justicia de familia y en la laboral. En el ámbito de familia, se han logrado avances relevantes, como mecanismos que han permitido el pago efectivo de pensiones de alimentos, incluso recurriendo a fondos previsionales de los deudores. También se han ajustado procedimientos.
Pero al mismo tiempo se instaló una lógica de gestión basada en metas y tiempos que termina desnaturalizando el proceso. Se agendan audiencias de media hora, que muchas veces apenas alcanzan para que los abogados se presenten. La audiencia se corta y debe reagendarse, lo que vacía de contenido principios fundamentales como la concentración procesal.
Esto genera juicios fragmentados en múltiples audiencias, separadas por semanas o incluso meses. Los jueces, que deberían estar en contacto directo con la prueba y los testigos, pierden esa inmediación porque entre una audiencia y otra conocen decenas de causas distintas. Al final, se reemplaza el antiguo expediente escrito por un expediente digital o por grabaciones, porque el sistema no funciona como fue diseñado originalmente.
¿Cuál es la causa de fondo de estas deficiencias?
La causa principal es que el Estado creyó que bastaba con modificar la legislación procedimental sin acompañarla, desde el inicio y de manera sostenida, de la inversión que requería. No existen reformas judiciales exitosas, ni en Chile ni en el mundo, a costo cero. Si el Estado —sea cual sea el signo del Gobierno— no entiende eso, nunca vamos a dar un salto de calidad real en el sistema de justicia.
Desde una mirada académica, ¿crees que se están formando adecuadamente los futuros abogados para los desafíos actuales de la justicia?
Las escuelas de Derecho en Chile son muy heterogéneas y dependen de múltiples factores, como el prestigio de la universidad o la calidad de su cuerpo académico. Pero, en términos generales, yo haría un juicio crítico de las mallas curriculares.
Incluso allí donde se han hecho esfuerzos por rediseñarlas, sigue predominando una lógica muy memorística, propia del siglo XX o incluso del siglo XIX. Se sigue evaluando a los estudiantes por su capacidad de repetir definiciones legales o artículos del Código, cuando la memoria, siendo importante, no es suficiente.
Hoy se requieren otras habilidades: capacidad de argumentar, persuadir, interrogar, construir teorías del caso y desenvolverse en juicios orales. También habilidades blandas, como la negociación o lo que yo llamo “simpatía procesal”: entender cómo ciertas conductas influyen en la disposición del tribunal a escuchar una argumentación.
¿Existe también un déficit en la formación ética?
Sin duda. Hay una disociación entre teoría y práctica, como si el académico debiera despreciar la realidad del ejercicio profesional. Una buena práctica debe nutrirse de una buena teoría, pero una buena teoría, para tener impacto, no puede ignorar la práctica.
Además, existe un desafío ético urgente. Hoy no hay un control efectivo del ejercicio profesional, en parte porque la colegiatura de los abogados es voluntaria. Eso dificulta la fiscalización y la sanción de malas prácticas. La ciudadanía no tiene mecanismos claros para identificar quiénes ejercen de manera ética y quiénes acumulan denuncias o sanciones. Este es un problema que debiera abordarse seriamente.
Finalmente, ¿cómo ves el impacto de la inteligencia artificial en el Derecho y en la administración de justicia?
La inteligencia artificial es una herramienta. Cuando apareció internet también hubo resistencias similares. La clave no es oponerse a la IA, sino saber utilizarla correctamente. Eso implica capacitarse, aprender a formular buenas preguntas y, sobre todo, tener la capacidad de evaluar críticamente las respuestas que entrega.
La IA puede ser muy útil para tareas como la transcripción de declaraciones o la sistematización de información, lo que permite ahorrar tiempo. Pero nunca va a reemplazar lo que es esencial en la justicia: el juicio humano, la valoración de la prueba, la deliberación ética.
Si se usa sin criterio, puede incluso generar errores graves, como citar jurisprudencia inexistente, lo que expone al abogado y perjudica al cliente. Por eso, más que una amenaza, la inteligencia artificial debe entenderse como un instrumento adicional, cuyo uso responsable depende del conocimiento y la formación de quien la utiliza.