Ad portas del término de su administración, el presidente del Consejo para la Transparencia, Francisco Leturia, realizó un balance positivo de su gestión, pero aseguró que los delitos de corrupción han aumentado durante el año en Chile. En ese sentido, recalcó la importancia de aumentar el control, elevar las penas, hacer más efectivo el sistema y disminuir la impunidad para este tipo de ilícitos, que van mutando con el tiempo.
Por otro lado, Leturia aseguró que el futuro mandatario del servicio, Bernardo Navarrete, tiene claro el diagnostico de los problemas que tiene el país a nivel de transparencia, los cuales seguirán combatiendo en conjunto.
A comienzos de este año Transparencia Internacional publicó los resultados del Índice de Percepción de Corrupción del 2022, donde hubo un notable estancamiento, ¿la percepción sigue igual tras 10 meses desde la publicación de estas cifras?
Probablemente no. Seguro estamos peor. Los índices de corrupción miden percepciones subjetivas, y hoy, según las encuestas más recientes, la preocupación por corrupción ha escalado a la segunda prioridad ciudadana, después de seguridad, pero antes de empleo, salud, inflación y pensiones. Algo inédito, gravísimo. Pero, si sumamos los casos que hemos tenido -y que seguimos teniendo- y lo unimos a la nula capacidad de respuesta institucional, el resultado es obvio.
Cuando un hecho genera indignación moral, como por ejemplo la corrupción, debería ser tomado mucho más en serio.
¿Dónde considera usted que radica el problema que deriva en hechos de corrupción? ¿Se trata de prevención o del tipo de penas que tiene Chile para este tipo de delitos?
Falta de control, sensación de oportunidad, impunidad. La mayoría de los chilenos son honestos, pero también están los “vivos”. Y basta que uno o dos entre mil sea “vivo”, para que estemos plagados de casos de corrupción. Y obviamente estoy siendo conservador. Con cerca de 500 mil empleados fiscales, hay “vivos” suficientes para armar una buena cantidad de pymes de corrupción, que conocen las debilidades del sistema de ida y de vuelta, y las usan a su amaño y en forma inteligente.
Al final del día, es una de las actividades más lucrativas que existe, probablemente más que el narcotráfico. Se requiere poco capital, y hay poco riesgo. Lo único que necesitan es contactos políticos, audacia, y un bajo estándar moral. “A río revuelto ganancia de pescadores”, y hay muchos pescadores. O “la tentación hace al ladrón”.
Ahora, yo culpo más a las autoridades, al mundo político en general, que, desde hace muchos años -quizá décadas- más saben en forma precisa donde están las fisuras, las debilidades, y no las han corregido. Hay una cierta complicidad pasiva al no haberlas priorizado. Y no solo es un tema de dinero, y hablo de muchísimo dinero, sino moral, y más aún, de deterioro institucional, de permitir a vista y paciencia de toda la profanación de la función pública, cuando honrarla y cuidarla debería ser siempre la prioridad de cualquier político, más allá de su ideología.
Una gran lástima, y permite entender la desesperanza y desconfianza de la gente con la clase dirigente. De hecho, esa es la mayor luz de esperanza. Si la gente ni siquiera se diera cuenta o si no hubiese molestia, estaríamos “sonados”.
¿Qué acciones ha tomado el Consejo para la Transparencia frente al aumento de los delitos de corrupción en Chile?
La corrupción por definición es un hecho silencioso. Muy pocos casos llegan a ser conocidos y de esos, muchos menos llegan a ser catalogados como delitos. Pero a nadie cabe duda de que, sea cual sea la calificación jurídica que se haga, la corrupción ha aumentado en Chile, y se ha instalado como un problema prioritario. Así lo percibe la gente, y hay demasiados indicios que lo confirman. Eso significa, necesariamente, que la institucionalidad que tenemos no está funcionando, no está dando el ancho.
Contraloría fue diseñada para un Estado de la época de la tele en blanco y negro, y quien sea que sea nombrado nuevo contralor, no podrá hacer magia. La institucionalidad de los municipios y los gobiernos regionales está exageradamente llena de fisuras, que los operadores conocen de memoria, especialmente los operadores políticos.
Tenemos un aparato público burocrático, lleno de procedimientos, poco moderno. Nuestro sistema penal fue concebido para un Chile donde los asesinatos eran producto de riñas, celos, o peleas de socios. No para un país con crimen organizado, sicariato y tren de Aragua.
Lo peor de todo es que frente a ello, no estamos haciendo nada. Tenemos claro el diagnóstico, pero tenemos que apurar el tranco. Nosotros hemos propuesto varias baterías de propuestas, que en general coinciden con las que propone todo el mundo, porque en la lucha contra la corrupción las diferencias políticas son irrelevantes. El misterio es por qué estos temas no se vuelven prioritarios. Por qué no están en el top 1 de la agenda política y legislativa. Algo raro hay ahí, algo que los tranca.
No quiero pasarme rollos, prefiero ser optimista, y confiar, derrotando mi escepticismo empírico, que prontamente, y por total unanimidad, estas mejoras, tan obvias y tantos años postergadas, serán incorporadas. Cualquier otra cosa sería aceptar que estamos en un espiral de deterioro institucional y que hemos perdido la capacidad de reaccionar, lo que sería una situación realmente grave, que me niego a asumir.
Usted es presidente de salida del CPLT, ¿cuáles son los desafíos que deberá enfrentar la administración que viene?
El diagnóstico de los problemas de Chile es demasiado claro. Con Bernardo Navarrete, el futuro presidente, tenemos una gran comunidad de propósitos, como pasa en general con toda la gente de buena voluntad, porque cuando se trata de probidad, transparencia y lucha contra la corrupción, las diferencias políticas son irrelevantes.
Creo que el pondrá todo su talento en contribuir a generar el estado de cosas para que las reformas que necesitamos avancen y por sacarle el mayor partido a lo que ya tenemos. Además, tengo la mejor opinión de él como persona. Me voy con la certeza de dejar al consejo en las mejores manos, y lo digo claramente: no siempre hemos podido decir lo mismo.
¿Cómo evalúa el periodo que estuvo en la presidencia del Consejo para la Transparencia?
En lo personal, muy satisfactorio. Mejoramos todos los indicadores de gestión de trabajo interno, pese al aumento de casos y restricciones presupuestarias. Advertimos al gobierno anterior y al actual de las vulnerabilidades del sistema, y lamentablemente, el paso del tiempo nos dio la razón.
Al mismo tiempo, muy frustrante ante la porfía por hacer cambios. Todos sabemos que a veces se requieren grandes crisis para que lo que los técnicos han reclamado hace años, suceda. Así pasó con el financiamiento ilegal de la política, y tantas veces más.
Ahora, muchos pensamos que la actual crisis, mucho más grave que el Mopgate y varias más, permitiría esos cambios, y hasta ahora nada. Entonces uno se pregunta, ¿cuánta más noche tiene que haber? ¿Cuántos más casos, cuántos millones de dólares más, sacados del IVA que pagan también los pobres y los desempleados, deben ir a parar a autoridades corruptas para que alguien le ponga el cascabel al gato? Esa parte sin duda es muy frustrante, pero quizá es cosa de tiempo. Aún no pierdo la esperanza.
¿Cuáles son las acciones concretas que puede aplicar el Estado de Chile para controlar los hechos de corrupción?
Por cierto, hay que sancionar. Pero, aunque parezca paradójico, no es lo primero.
Lo más importante es reducir el espacio para situaciones corruptas. Reducir espacios para la discrecionalidad. Aumentar la transparencia y facilitar la vigilancia ciudadana, porque si hay algo que es ciencia dura es que, ante la mirada de los otros, los humanos nos portamos mejor. El miedo al escarnio público tiene mucha más fuerza que la eventualidad de ser sujeto de un sumario o una denuncia criminal, que durará años en tramitación y que muy probablemente termine olvidada y sin sanciones.
En otras palabras, hay que aumentar el control, elevar las penas, hacer más efectivo el sistema y disminuir la impunidad, que hoy es demasiado alta. Es decir, hay que sancionar a los culpables, tienen que pagar. Pero mucho más importante es hacerse cargo de las debilidades estructurales del sistema que permiten que estas cosas pasen.
Es difícil decir cuánto del presupuesto de la nación, que se recauda también con el IVA que pagan los pobres y la clase media, se pierde o malgasta. Hay quienes dicen que es una cifra de dos dígitos, cosa que yo creo perfectamente posible. Eso debiera ser una prioridad de cualquier grupo político.
¿Cómo ve el rol de los medios de comunicación en la exposición de los delitos de corrupción?
La corte europea de derechos humanos ha acuñado en sus más importantes sentencias la frase que caracteriza a la prensa como el “perro guardián de la democracia”, porque siempre la democracia está bajo asedio, y siempre necesita una atenta vigilancia.
En la práctica, la prensa libre es la mejor herramienta para la lucha contra la corrupción. Más eficaz e infinitamente más barato que los controles institucionales, siempre que no se obstaculice el acceso a la información que esta en manos del Estado. La prensa libre es, al final del día, lo que sostiene a una república en pie. Y la frase del perro guardián encierra también otra realidad: cuando entra un bandido, algunos perros pueden no despertar, por lo que es clave tener muchos, de diverso tipo.
También implica reconocer que alguna vez un perro va a ladrar sin que pase nada, o que excepcionalmente pueda morder mal. Pero son los costos, más que razonables, de la perpetua vigilancia que exige cualquier república sana.
El proyecto de ley denominado transparencia 2.0, ya se está tramitando en el Congreso, ¿cuáles son los cambios que traería la eventual aprobación de esta iniciativa?
Primero que nada, una nota de realismo. Desde hace 8 años al menos todos los gobiernos han prometido sacar la ley de transparencia 2.0 “antes de que termine el semestre”. Nunca ha pasado. Al contrario, se las han arreglado para que no pase, quizá porque hay muchos intereses en juego, y muchas presiones, y a las autoridades no les gusta ser controladas. De hecho, se acaba de vencer el plazo para meter las indicaciones que harían viable esa reforma, y no se hizo. Así que no tiene sentido seguirnos engañando. No hay ley de transparencia 2.0.
¿Qué debería haber? Mucha gente no sabe que el Congreso Nacional, la Contraloría, el Poder Judicial, el Banco Central, el Tribunal Constitucional, las empresas públicas, las corporaciones municipales, las fundaciones, y un largo etcétera, no tienen de verdad un sistema de transparencia, el Consejo para la Transparencia no puede llegar a ellas. Y seguro hay gente que esta muy contenta con la libertad que les da esa falta de control. Hay intereses creados evidentes, explícitos. No quiero pensar mal, pero no me extrañaría que haya habido telefonazos para detener el avance de la ley.
El proyecto constitucional avanza algo en ello, por ejemplo, al establecer un comité de ética autónomo para el congreso. Algo a todas luces básico, elemental, pero que en 30 años de democracia no ha existido.
¿Usted considera que es un proyecto adecuado para manejar la crisis de corrupción que vive el país actualmente?
La crisis de corrupción requiere muchas medidas. Las propuestas de la comisión creada por el Gobierno para el caso fundaciones presentó un paquete de buenas medidas, parciales pero muy bien encaminadas, anunciando que en 30 días se presentarían los proyectos de ley. Llevamos más de 60 y no hay nada.
En la ley de transparencia 2.0 se habían prometido una serie de indicaciones que hacía del proyecto un avance. Pero se pasó el plazo para hacer indicaciones.
Nosotros presentamos un listado de propuestas anticorrupción, y no ha pasado nada.
Pero la verdad es que esta es una dinámica antigua. Jorge Jaraquemada, cuando era presidente del consejo, presentó al gobierno de Sebastián Piñera una serie de reformas de sentido común, bastante obvias y razonables, que hubiesen impedido la mayoría de los casos de corrupción que hemos visto en los últimos años. Y la dinámica fue la misma. Foto, promesas, y luego nada. Menos que humo.
Tenemos que dejar de negar lo evidente: hay mucha gente que obtiene beneficios del sistema, mucha gente que prefiere que nada cambie, y que luchará por ello.
Durante los últimos meses hemos visto un enfoque en la corrupción en fundaciones y municipalidades, ¿cómo podría el Estado prevenir estos delitos?
Todos los grandes casos de corrupción que se han descubierto en Chile han sido denunciados por la prensa. Los controles institucionales casi no funcionan, ni van a funcionar, aunque les dupliquemos presupuesto y facultades. Lo mismo pasa en todo el mundo. El mundo de la corrupción es criminalidad organizada, de sangre fría, muy bien planeada.
Por eso existe la transparencia, la libertad de expresión y la protección a las fuentes informativas y denunciantes anónimos. Porque han demostrado, en la práctica, ser lejos el mejor camino para controlar la corrupción.
Ello no quiere decir que no se puedan y deban hacer muchos esfuerzos institucionales, todo suma. Aumentar las penas, mejorar la fiscalización y todo eso. Pero si yo tuviera sólo una bala de plata, diría transparencia y libertad de expresión porque a lo que de verdad le teme el corrupto es al escarnio público.
O déjame decirlo de otra manera. Mucha gente normal, en un momento de apretura (la enfermedad de un hijo, por ejemplo), podría verse tentada a actuar en forma impropia si sabe que nadie lo va a pillar ni cuestionar. En cambio, si sus actos y decisiones son expuestos a la comunidad, probablemente mantenga su buena conducta.
Estoy seguro de que una buena parte de las autoridades y políticos cuida más sus acciones por el temor al escarnio público que por el temor al sumario o por su estructura moral interna.
¿La corrupción ha cambiado sus métodos, lo hace constantemente, cómo podemos enfrentar esta mutación?
En el mundo público y privado, el corrupto buscado un beneficio personal a costa de un interés general. Degenera su función, por lo que en cierta forma es un degenerado. La astucia para identificar oportunidades y armar tinglados que parezcan legales en lo formal, pero en el fondo permitan la trampa, es la actividad más antigua del mundo. Decir que la prostitución es la actividad más antigua, sólo es hipocresía y machismo. Por eso, el esfuerzo debe ir a reducir esos espacios, a hacérsela difícil.
Lo único que creo que ha cambiado en Chile es la forma. Antes sabíamos de funcionarios que se llevaban resmas de papel, contratistas o individuos que se arreglaban los bigotes con un contrato, empresarios que conseguían regulaciones favorables para obtener millonarios beneficios comerciales, insiders que usaban información privilegiada, políticos que obtenían financiamiento ilegal, usándolo a veces en campañas, otras no pocas veces para enriquecer su patrimonio.
Lo que al parecer es nuevo, es el desvío concertado de dineros destinados al gasto social, para el financiamiento de grupos políticos, lo que es muy grave, pero a la vez muy burdo, lo que permitió que fuera descubierto y denunciado al poco andar.
La corrupción también ocurre en el sector privado, ¿cuál es su apreciación sobre esto?
Hay bastante evidencia empírica que ahí donde no hay derechos de propiedad hay depredación. Creer que en el mundo donde todo es de todos hay sólo amor y colaboración, es una fantasía, una irresponsabilidad. Hay una tendencia natural en un gran número de personas en velar por maximizar sus intereses, y la existencia de un dueño permite alinear mucho mejor los intereses de los trabajadores con los de la empresa. Puede sonar duro, y reconozco que la utopía colectivista es mucho más bonita. Pero donde no hay un ojo atento, la tendencia a mirar al estado, o a la empresa como un botín o una piñata es brutal.
Ahora, habiendo dicho eso, por cierto, hay corrupción en el mundo privado: gastos innecesarios, coimas de proveedores y contratistas para conseguir adjudicaciones, bonos absurdos a los ejecutivos, contratación de amantes y parientes, uso y abuso de información privilegiada en perjuicio de los accionistas minoritarios, colusión, despidos caprichosos, por solo mencionar algunas.
El Estado y el derecho existen por ello: para limitar el egoísmo, la pequeñez y la falta de integridad de los grupos humanos.