En el contexto jurídico chileno, el diálogo entre el derecho del consumo y el derecho ambiental ha dado un paso significativo hacia la integración con la reciente dictación de la Circular Interpretativa sobre Consumo Sostenible por parte del Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC), el pasado 13 de diciembre. Este documento consagra el consumo sostenible como un principio rector para interpretar las normas de protección al consumidor, destacando que los estándares de sostenibilidad deben orientar tanto las relaciones de consumo como las conductas de proveedores y consumidores. Sin embargo, el alcance de esta circular es limitado, ya que solo es vinculante para el propio SERNAC.
A pesar de este avance, el diálogo entre el derecho del consumo y el derecho ambiental sigue siendo incipiente en Chile. Los desafíos globales, como la crisis climática, exigen una respuesta jurídica más urgente e integrada. La regulación debe adoptar un enfoque sistémico que sitúe al consumo sostenible en el centro de las estrategias normativas. Este enfoque no solo responde a las demandas sociales de un desarrollo más equitativo y responsable, sino que también constituye una herramienta jurídica clave en la lucha contra el cambio climático.
Hacia un Derecho del Consumo Sostenible. La integración entre el derecho del consumo y el derecho ambiental plantea un cambio de paradigma. Tradicionalmente, el derecho del consumo se ha enfocado en la protección económica del consumidor, pero esta perspectiva debe evolucionar hacia un modelo de consumo sostenible. Esto implica no solo proteger al consumidor, sino también educarlo y hacerlo corresponsable de las decisiones de consumo que impactan el medio ambiente.
Un enfoque dual resulta esencial. Por un lado, los productores deben garantizar productos duraderos, reciclables y con menor impacto ambiental. Por otro lado, los consumidores deben ser incentivados —y eventualmente responsabilizados— para asumir un rol activo en la sostenibilidad de sus elecciones. Este cambio implica abandonar la figura del consumidor como un agente pasivo para convertirlo en un actor consciente y comprometido con el cuidado del planeta.
Acción climática desde el Derecho. La crisis climática exige que las herramientas jurídicas trasciendan el papel y se conviertan en acciones concretas. Según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), un cambio en los patrones de consumo podría reducir las emisiones globales de carbono entre un 40% y un 70% para 2050. Este dato es un recordatorio de que legislar en favor del consumo sostenible no es solo deseable, sino urgente.
Este enfoque también se alinea con compromisos internacionales, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, en particular el Objetivo 12, que promueve producción y consumo responsables. Incorporar estas metas al derecho nacional es fundamental para que Chile cumpla con su rol en la lucha global contra el cambio climático.
Regulación chilena relativa al consumo sostenible: el estado de las cosas. En Chile, la interacción entre el consumo y el medio ambiente se reconoce parcialmente en normas como la Ley N° 19.496, sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, y la Ley N° 20.920, sobre Responsabilidad Extendida del Productor (REP). Estas leyes incluyen disposiciones relevantes, como el derecho a recibir información veraz y clara sobre el impacto ambiental de los productos (artículos 3(b) y 28(f) de la Ley N° 19.496) y las obligaciones de reciclaje y valorización de residuos (artículo 3 de la Ley REP).
Sin embargo, estas medidas son insuficientes. La proliferación de etiquetas “verdes” y las prácticas de greenwashing, sumadas a la ausencia de regulaciones claras sobre cómo informar al consumidor respecto de las características sostenibles de los bienes y servicios, ponen de manifiesto importantes limitaciones en el marco normativo chileno.
Un ejemplo paradigmático es la Ley REP, que impone a los consumidores la obligación de entregar residuos prioritarios a sistemas de gestión autorizados. Sin embargo, esta norma no establece sanciones específicas para quienes incumplen esta obligación, debilitando significativamente su eficacia.
El rol del Derecho en el cambio de paradigma. El desafío jurídico es claro: transitar hacia un derecho sostenible y activo. Este cambio requiere una regulación que integre ambos ámbitos, estableciendo sanciones efectivas contra prácticas como el greenwashing, fortaleciendo los estándares de información ambiental al destinatario final y promoviendo mecanismos que aseguren la participación de los consumidores en la construcción de un modelo de desarrollo sostenible. El derecho puede y debe liderar este cambio. Su rol es central para consolidar un marco normativo que no solo proteja al consumidor, sino que también garantice el bienestar ambiental y social de las generaciones presentes y futuras. En un mundo enfrentado a los límites del cambio climático, avanzar hacia un consumo sostenible no es una opción, sino una necesidad impostergable.
