En conversación con Actualidad Jurídica: el blog de DOE, Jaime Rosales, trabajador social, integrante de la Cámara Social del Centro de Humedales Río Cruces UACh y presidente de la Junta de Vecinos Claro de Luna, aborda las tensiones entre ciudadanía, institucionalidad y protección efectiva de humedales en Valdivia. A 19 años del trabajo comunitario en Angachilla, cuestiona la falta de ejecución de sentencias firmes, critica la ausencia de voluntad política para frenar proyectos viales que impactan ecosistemas, y reivindica la autogestión como herramienta real para sostener luchas ambientales en el territorio.
En tu exposición durante las Jornadas Australes de Medio Ambiente y Derecho 2025 relataste 19 años de trabajo comunitario por el humedal Angachilla. ¿Qué factores permitieron que una organización vecinal alcanzara resultados que el Estado no había logrado?
Yo creo que los factores que permiten alcanzar esos resultados se explican porque, como mencioné en mi exposición, diecinueve años atrás los humedales urbanos no estaban siendo visibilizados ni en el plano político ni en el académico. Había muy pocos estudios.
Entonces, lo que permitió que esta organización vecinal alcanzara resultados fue justamente generar un proceso de visibilización de estos espacios naturales dentro de la ciudad, que siempre existieron en el inconsciente colectivo, pero no estaban instalados como demanda social o política. Eso obligó, poco a poco, al Estado a tener que empezar a responder.
A eso se suma la articulación con otros actores sociales en el país. Por ejemplo, el año 2011 conocí a quienes trabajaban en Punta Arenas en el humedal Tres Puentes, y también tenía contacto con gente en San Pedro de la Paz. En la medida en que las organizaciones se articulan y generan acciones conjuntas, eso produce visibilidad y levanta una demanda a la cual el Estado finalmente debe responder.
También fue clave el rol de los medios de comunicación. Si los medios no hubieran cubierto la enorme cantidad de acciones que realizamos, probablemente hoy no existiría mayor interés en los humedales urbanos.
La Corte Suprema ratificó tres demandas por daño ambiental impulsadas desde la ciudadanía. ¿Qué ha fallado en el cumplimiento efectivo de esas sentencias?
Para mí esta es la pregunta del millón. ¿Por qué la institucionalidad no es capaz de dar cumplimiento a estas condenas? Esto genera desconfianza respecto de cómo funcionan las instituciones. Creo que hay un trato completamente distinto respecto de cualquier delito común: en esos casos se activan todos los mecanismos para asegurar una condena; acá, en cambio, hay un manto de impunidad que resulta sospechoso y peligroso.
El daño ambiental cometido en los tres humedales es sumamente grave, y más aun considerando que hoy somos Ciudad Humedal. Esto será una carga que tendremos que arrastrar si no se da cumplimiento a las condenas. Las instituciones que deberían responder han guardado silencio.
Me extraña, por ejemplo, que el municipio —siendo el promotor de las causas a petición de la ciudadanía— no se haya pronunciado. Tampoco lo han hecho los actores políticos, incluso quienes hicieron alarde de la declaración de Ciudad Humedal. Es muy sospechoso el silencio en torno a estas tres condenas, aun considerando que, cuando la Corte Suprema las ratificó, se publicaron en distintos medios de prensa.
Tú denunciaste que el proyecto de circunvalación que atraviesa humedales sigue en carpeta pese a los fallos judiciales. ¿Qué lectura política haces de esa contradicción?
El fallo judicial por el relleno en el humedal Angachilla no corresponde exactamente al sector del trazado de la circunvalación. Lo que denuncié es que se hizo un acuerdo con la corporación del Santuario de Humedales de Angachilla —que administra el santuario— en el cual se retrotraía el proyecto para evaluar nuevas alternativas. Para mí esto tiene una doble lectura.
Primero: este gobierno no tuvo la voluntad política para cerrar el paso de la circunvalación sobre el humedal Angachilla, aun cuando las organizaciones ciudadanas ya habían planteado una alternativa.
Segundo: la dilación del proyecto genera agotamiento en las organizaciones que se oponían, y eso produce desarticulación social. No sé si la oposición de hace uno o dos años atrás tenga hoy la misma fuerza.
Creo que aquí faltó valentía y voluntad política para cerrar este proyecto. Y esto también refleja la inercia del municipio para adoptar medidas de protección en un parque que lleva diecinueve años de trabajo comunitario.
Se habla mucho de humedales, pero no existe un pronunciamiento claro sobre la circunvalación. Con todo lo que hoy sabemos —escasez hídrica, cambio climático, declaratoria de Ciudad Humedal— el gobierno tenía herramientas para haber modificado el trazado. También es preocupante la alternativa que plantean, que implica atravesar el humedal Prado Verde, lo que afectaría sectores residenciales y degradaría aún más vías que ya están deterioradas.
¿Cómo ha cambiado la relación entre comunidad, academia y autoridades desde la declaratoria de Angachilla como Santuario de la Naturaleza?
Cada ciudad tiene su propia geografía y su propia configuración de organizaciones ciudadanas. Pero creo que es importante entender que este aprendizaje demuestra que el tema es transversal. Nosotros partimos como junta de vecinos; hoy somos comité ecológico y también corporación. No es algo exclusivo del “mundo ambiental” o de la academia: al contrario.
Los esfuerzos tienen que partir desde la ciudadanía, desde cómo integra estos espacios naturales a su vida cotidiana y desde cómo la ciudad es capaz de reconocer y conservar estos lugares. Hoy, con la crisis climática, los humedales y los espacios naturales cumplen un rol fundamental en el equilibrio urbano.
¿Qué aprendizajes podrían replicarse en otras ciudades que buscan integrar la participación vecinal en la gestión de sus humedales urbanos?
“El sueño se hace a mano y sin permiso” para mí significa motivar e incentivar a que no nos detengamos en nuestra acción como organizaciones comunitarias o ciudadanas. Últimamente, todo parece depender de fondos concursables: si no hay fondos, pareciera que no se puede hacer nada. Pero la esperanza no es un fondo concursable.
Atreverse a la autogestión y a la autonomía es central. Tenemos la capacidad de imaginar la ciudad y el país que queremos, y no podemos detenernos por depender del Estado o del gobierno de turno. En la medida que nos atrevemos, fortalecemos el pensamiento crítico frente a las autoridades y evitamos asumir una posición paternalista.
Incluso en el ámbito académico, muchas iniciativas que prosperaron nacieron de impulsos personales: la ruta por los humedales, los recorridos fotográficos, las jornadas de trabajo comunitario. Hay muchas cosas que se pueden hacer sin depender de recursos estatales. Si estamos convencidos del bienestar y del buen vivir, tenemos que avanzar —sin permiso— construyendo nuestros sueños.