En conversación con Actualidad Jurídica: El Blog de DOE, el director del programa de doctorado en Derecho de la Universidad Central de Chile, Jorge Ulloa, se refirió al impacto del Caso Audios en la confianza pública hacia la profesión legal.
En ese sentido, el experto enfatizó en lo crucial que es mantener la ética profesional para defender los derechos de los ciudadanos y en que los abogados deben recordar su papel como “auxiliares” en la justicia, no solo defendiendo intereses individuales, sino también asegurando la integridad del sistema judicial.
¿Cuál es tu percepción general sobre el impacto del Caso Audios en la confianza pública hacia la profesión legal?
Bueno, en general, la profesión legal tiene algunas características que la hacen extremadamente relevante a nivel del ordenamiento jurídico, más bien del orden público. Lo primero es que se trata de un monopolio, o sea, de conformidad jurídica. Son únicamente los abogados y abogadas aquellos que pueden representar los intereses de terceros ante los tribunales de justicia.
Bajo esa perspectiva, la carga de responsabilidad que los profesionales del derecho tienen es fundamental porque va asociada, como digo, a este monopolio. O sea, si los abogados traicionan esa confianza, en lo que ello redunda es en la indefensión de la ciudadanía. Esa es como una primera cuestión.
Y a partir de eso, obviamente, el impacto mediático que ha tenido el Caso Audios, con todas sus derivadas, influye y ha influido en la percepción que las personas no letradas y no habilitadas para litigar en derecho, puedan tener respecto a la profesión.
Jorge, ¿cómo crees que los abogados pueden responder a estas situaciones en las que se compromete, por ejemplo, la ética profesional, como las revelaciones del Caso Audios? ¿Cuáles son los principios éticos que se consideran fundamentales?
Lo que pasa es que el abogado o la abogada no puede nunca perder de vista que él es un auxilio. La palabra auxilio tiene un peso ético súper denso e importante, porque refiere a que uno debe estar en condiciones de prestar un servicio para alguien que no está en condiciones de prestárselo por sí mismo.
El punto es que, normalmente, se tiende a pensar, y esto incluso ocurre con los mismos colegas, que ese auxilio uno lo presta a la sociedad civil, esto es a alguna persona natural o jurídica que siente que está siendo amenazada, perturbada o privada de algún legítimo interés de relevancia jurídica.
Cuando el abogado solo tiene en vista eso, lo que hace es que pierde de vista que auxiliar en la administración de justicia no sólo implica auxiliar a la persona que quiere que se representen sus intereses y que por supuesto, obtenga resultados favorables, sino que, por otra parte, auxiliar en la administración de justicia implica que el abogado y la abogada tienen la carga de facilitar la promesa que el Estado le hace a todos los ciudadanos.
¿Cuál es la promesa que se le hace a los ciudadanos?
Que el Estado, por intermedio de sus tribunales de justicia, va a resolver los conflictos de relevancia jurídica que se propongan en el orden temporal.
Entonces, cuando el abogado pierde de vista esta segunda parte, es más posible o está más cercana a la posibilidad de infringir esa línea que separa lo que es delictivo de lo que no es delictivo. Eso tiene ciertos principios.
Por ejemplo, dentro del propio procedimiento existe lo que se llama “principio la buena fe procesal”. O sea, los litigantes o los abogados que representan a los litigantes conocen, por una parte, los procedimientos, pero, por otra parte, conocen los principios que insuman y sostienen de su procedimiento.
Cuando el abogado, intentando privilegiar los intereses de su cliente por sobre el interés del Estado, intenta hacer trampa en él, claramente se produce una distorsión del sistema y esa distorsión del sistema produce el impacto aproximado del que nosotros estamos viendo en estos casos.
En cuanto a la regulación, ¿crees que las normas o las regulaciones actuales en la profesión legal son suficientes para poder prevenir conductas poco éticas como esta?
En ese caso, yo creo que lo primero es el autocontrol de cada uno de los profesionales que ejercen la profesión y que supone la toma de conciencia de la relevancia del cargo de abogado dentro de nuestro país. Curiosamente, por ejemplo, nuestro país probablemente sea el único país en el mundo en que el título de abogado te lo entrega un poder del Estado. Esto no existe en otro lado.
Nosotros requerimos que nos auxilie en lo que ya habíamos señalado, o sea, ayúdenos a resolver los conflictos de relevancia jurídica que se producen entre los particulares. En perjuicio de ello, está la teoría, o más bien la tesis, que supone que esto se podría prevenir si existiera la colegiatura gremial obligatoria.
La verdad que eso es algo, por decirlo menos, discutible. Parecen unos buenos deseos, pero si uno observa algunos de los protagonistas, no solo el caso del abogado, sino que de muchas de las últimas situaciones en las cuales los colegas se han visto involucrados en hechos que podrían revertir el carácter de delito o eventuales conflictos de interés, muchos de ellos son colegiados.
Entonces, la propia colegiatura por sí no garantiza nada, si esto tiene que ver con cierto autocontrol, referencia a patrones éticos y a respeto a los principios que están establecidos en los mismos procesos, por cierto, y en la legislación chilena. Por lo tanto, eso tampoco es algo que por sí mismo vaya a resolver el problema.
¿Qué papel juega la formación académica en la ética profesional de los abogados? ¿Deberían incluirse más contenidos sobre ética en los programas de derecho?
Sin duda que hay un déficit a nivel formativo dentro de las mallas curriculares de las distintas carreras de Derecho, en las cuales hay una mayor conexión entre la ética normativa -cuáles son los principios y valores que se encuentran detrás de los distintos sistemas normativos- y, particularmente, los procedimientos que se establecen.
Y, por otra parte, lo que se denomina la “ética aplicada”. Esto es aquello que se le puede sugerir a cada estudiante dentro de su formación, cuáles son las conductas por las cuales debería optar al momento de tomar una decisión que pueda impactar en los resultados de un juicio.
Mirando hacia el futuro, ¿cómo puede la profesión legal trabajar para restaurar la confianza pública y fortalecer la ética en su ejercicio?
Yo creo que hay hartos desafíos. Primeramente, no es cierto, este desafío en términos de algún tipo de modificación o reformulación de los programas de estudio y de las mallas curriculares dentro de las distintas carreras.
Segundo, comenzar a informar a los propios clientes respecto de los derechos que tienen en relación con los profesionales abogados con los cuales trabajan.
Y tercero, generar un efecto ejemplificador en lo que dice relación con la persecución y aplicación de sanciones para aquellos casos que se compruebe que revisten caracteres de delito.