En la actualidad, a diferencia de lo que ocurría hace 30 o 35 años, la producción de papers o artículos jurídicos destaca por la importancia que le han reconocido y asignado las Universidades (incluidas las privadas no tradicionales) y los altísimos números que pueden mostrar algunos académicos, lo que visto sin más consideraciones podría considerarse una buena noticia para el avance del derecho. Hoy los profesores de nuestras Escuelas de Derecho están escribiendo y publicando, mucho más que antes. Las Universidades han hecho suya la frase “publish or perish”, acompañándola de incentivos que varían según cual casa de estudios se trate. Junto a ello, el aumento del número de doctores en Derecho en las Universidades chilenas y la creación de nuevos Programas de Doctorado en Derecho allí donde hace poco la investigación no importaba y casi era desconocida, ha resultado ser un acicate para la multiplicación de este tipo de productos académicos.
Sin embargo, es válido abandonar la comodidad de la versión oficial que se predica en el círculo universitario (con no pocas dosis de autoengaño) desde la corrección política y preguntarse cuál es la real calidad y verdadera relevancia de las cada vez más numerosas publicaciones que se están generando y qué impacto real tienen en nuestra práctica legal y en la sociedad en general.
En efecto, en muchos casos, las publicaciones en derecho parecen centrarse en temas muy específicos y técnicos, que pueden ser de interés para un grupo reducido de especialistas, pero que tienen poco o nulo impacto en la práctica legal o en la sociedad en general. En otros casos, las publicaciones se limitan a reproducir y reiterar ideas y teorías que ya han sido ampliamente discutidas y analizadas, sin ofrecer nuevas perspectivas o enfoques, que es la condición básica de la investigación. Eso, de entrada.
Pero además, en algunos casos, la producción de artículos se ha consolidado y enfocado entre muchos académicos a la obtención de méritos y reconocimientos académicos y no en la efectiva búsqueda de soluciones a los problemas legales y sociales. De hecho, no pocos académicos (les llamaremos publicones) se enfocan, como si de obreros de una gran fábrica se tratasen, en producir una gran cantidad de artículos, aún en detrimento de la calidad y la originalidad de los mismos, todo vale para cumplir con las exigencias de publicación y de este modo avanzar en sus carreras académicas. La palabra productividad adopta para éstos un protagonismo sin matices, y es abrazada como eslogan que se repite como mantra desde las autoridades directivas de las Universidades y Facultades.
Por otro lado, ya desde hace tiempo venimos criticando el sistema de arbitraje que ha mostrado una serie de vicios que van desde la realización de un ejercicio puramente formal al tráfico de influencias o cobro de cuentas del evaluador hacia el autor. Las revistas mejor situadas, por su parte, no pocas veces secuestradas por el culto al índice de moda, resultan ser expertas en el arte de la simulación de cientificidad que a nadie parece importar demasiado.
Ni que decir de la compleja accesibilidad de varias de las publicaciones jurídicas especializadas, ya que no puede perderse de vista que estamos frente a un verdadero negocio, por el cual los lectores deben pagar por acceder a los contenidos. Esta falta de acceso suma, demás está apuntarlo, al impacto negativo en la relevancia de la publicación en la práctica legal.
Como colofón de estas breves reflexiones, la producción de artículos jurídicos en la actualidad está, por desgracia, mucho más enfocada en la obtención de reconocimientos y méritos académicos marcados por una lógica puramente individualista que en la verdadera búsqueda de soluciones a los problemas legales y sociales. La lógica de la productividad que se ha instalado en las Universidades y Escuelas de Derecho ha empujado a muchos a optar por seguir este manual de instrucciones para acceder a mayores jerarquías académicas, sin importarles terminar por desfigurarse como jurista, y sin importarles demasiado la real trascendencia de lo que se publica, ni al autor, ni a la Universidad, ni al Estado (ni a las Revistas, desde luego).
Es importante que los académicos en Derecho se enfoquen en generar publicaciones de calidad, en lugar de simplemente de enfocar sus energías a cumplir con los requisitos formales de publicación y acumular de ese modo méritos académicos que les permitan promocionarse en su respectiva Universidad. No por no decirse dejan de existir aquéllos que se han vuelto verdaderos expertos no en su disciplina, sino en buscar y encontrar revistas (que nadie conoce) que están bien rankeadas, y en cumplir los requisitos formales de éstas, mostrando especiales habilidades en el negocio.
Finalmente, desde luego es necesario garantizar que las publicaciones jurídicas sean accesibles y relevantes para la práctica jurídica y la sociedad en general. De lo contrario, y mientras más nos tardemos, más largo será el camino de vuelta que tendremos que transitar para recuperarnos de esta dictadura de las publicaciones de “alto” impacto, que ha transformado una labor central de la Universidad en una manifestación intrascendente de una fábrica donde el producto importa más por su forma que por su fondo, y donde esta intrascendencia captura también a los que hoy acumulan publicaciones sin ganar ni un gramo de “peso” académico.
