No hace mucho tiempo que el ex Ministro de Justicia, Luis Cordero se paseaba por los foros de la academia, algunos programas de televisión, y diversos espacios políticos, pregonando con muestras de genuina convicción, los males que aquejaban a nuestro sistema penitenciario. Decía el, que el sistema estaba en riesgo de colapsar dada la excesiva cantidad de personas encerradas. A esa fecha -11 de mayo de 2023- las cifras indicaban que existía un total de 48.532 personas privadas de libertad de los cuales 29.657 estaban condenados y 18.875 en prisión preventiva. Argumentaba asimismo que una de las causas de este colapso inminente, estaba dado por el déficit de infraestructura carcelaria. Que ningún gobierno en el último tiempo se había dado al trabajo de potenciar esta área y que «seguimos con la infraestructura de cárceles que nos había legado el presidente Lagos». Escuchar su línea argumental, era equivalente a asistir a una clase universitaria, donde los argumentos del profesor Cordero parecían irrefutables. Claro, puesto que, como buen docente no se basaba en meras conjeturas, sino que hábilmente respaldaba sus dichos en datos verificables, que con matices más o matices menos, estaban dentro del rango aceptable. Lo cierto es que el discurso no solo hablaba del problema, sino también de su solución. No había otra salida que construir más cárceles. Cárceles modernas, donde la segregación fuera realmente posible y con sofisticados sistemas de seguridad. No se hicieron esperar las voces de los encarceladores aplaudiendo tales noticias. Encarcelar más y mejor, se advertía como la solución. Por ese tiempo se amalgamó el problema del sobre poblamiento del sistema con el temor a la proliferación del crimen organizado. Se tildó a las cárceles de ser los verdaderos centros de operaciones de bandas criminales que acechaban a la población con una nueva forma de delincuencia. Una donde los límites de la violencia traspasaban incluso la imaginación. No tardaron los políticos en inmiscuirse y aparecieron las autoridades más diversas visitando las cárceles horrorizadas por las condiciones de posibilidad que los reclusos tenían para delinquir. No se escandalizaron por la infra humanidad puesta frente a sus ojos, sino solo por la falta de control y de seguridad. Desfilaron por los muros perimetrales de nuestras «canas»: diputados, senadores, jueces de distinto rango, ministros y un sin número de autoridades. Hasta el fiscal nacional concurrió a la reinauguración de una cárcel de alta seguridad. No solo había que tener más cárceles sino además endurecer el régimen. La mano dura se alzaba, como el principal fruto del inicial pregón.
Aplacado el voceo de aquel entonces, la urgencia penitenciaria parece que ya no existe. Se esfumó. Solo queda, en las palabras del presidente, fortalecer el sistema y aumentar las plazas. Nada o poco se dice de lo que el discurso escondió. Sí, hábilmente la puesta en la palestra del déficit de infraestructura ocultó los problemas contingentes de nuestras cárceles. No se relevó el grave problema de gestión interna que afecta a Gendarmería de Chile, ni los altos índices de corrupción denunciados incluso por los mismos dirigentes gremiales de los funcionarios penitenciarios. Menos se abordó con seriedad el problema del déficit de regulación normativa del sistema: no sólo por la impúdica ilegalidad en la que opera, por no existir un marco legal que lo ampare, sino además por los amplios márgenes de desregulación reglamentaria que presenta, como es el caso de las normas sobre armas de fuego y del uso de la fuerza en general. Ni que hablar de la inexcusable negligencia con que se ha abordado el rediseño del proceso formativo que busca la modificación introducida a la Ley de Educación Superior en el año 2018. Se desperdicia la gran oportunidad de formar el personal mediante una malla por competencias, que les permita adquirir los conocimientos teóricos, prácticos y actitudinales necesarios para el cumplimiento de funciones estrictamente penitenciarias. Todo esto y mucho mas ha sido olvidado. Parecía mejor ocuparse de los grandes temas y no correr el riesgo de enlodarse con aquellos de la práctica cotidiana. Pero así funcionan las cárceles. Ese es el mandato que debe asumir todo Ministro de Justicia: encargarse de dirigir y gestionar el sistema penitenciario. No basta con la política de los allanamientos. Llevamos más de 40 a nivel nacional y podemos seguir hasta el infinito allanando, sin lograr un cambio real en las estructuras de poder internas. Ni siquiera se ha probado que estas prácticas impacten significativamente las dinámicas concretas de la vida cotidiana. Gestionar el sistema es más que solo buscar «darle continuidad al fortalecimiento del sistema penitenciario y el necesario aumento de plazas que requiere», como ha dicho el presidente. Es ocuparse realmente de las condiciones en que el Estado practica el encierro carcelario. Es no olvidar que dentro de las cárceles viven seres humanos y que dada su condición de vulnerabilidad necesitan respeto y condiciones dignas. Es ejercer realmente el control, no para infligirles más sufrimiento, ni para despojarlos de todo vestigio de humanidad, sino para construir juntamente con ellos nuevas oportunidades para su futura vida en libertad.
Hoy, el sistema presenta, además de los problemas de infraestructura inobjetables que nos reveló con gran claridad el exministro Cordero, cifras más alarmantes incluso que cuando se discutía el tema en los matinales. Los datos muestran que existe un total de 58.554 presos de los cuales 37.114 son condenados y 21.440 imputados. Pero además de ello, se pueden advertir algunos datos que exponen la precariedad con que se opera en la práctica y que requiere una urgente puesta de atención. Tan solo en los últimos días hemos sido noticiados de una fuga del Centro de Detención Preventiva de Colina 1, lograda con éxito por dos reclusos; varios intentos de fuga de diversos penales; la remoción del Subdirector Operativo del Servicio, seguida de acusaciones cruzadas con el Director Nacional que hablan de corrupción y déficit de gestión entre otros; el creciente descontento del Frente de Trabajadores Penitenciarios por las condiciones laborales y de carrera funcionaria; un déficit de personal latente, que ha obligado a recurrir al apoyo de alumnos de la escuela institucional para cumplir con el itinerario de allanamientos (los alumnos que cursan el programa formativo no tienen responsabilidad administrativa pues no son funcionarios públicos); una corrupción desbordada que no se ha medido ni cuantificado y que amenaza la estabilidad institucional; altos índices comparativos de muertes bajo custodia; riñas diarias que dejan a centenares de personas heridas; y una necesidad imperiosa de lograr metas en los procesos de reinserción social, insatisfecha hasta el momento. Faltan ideas y proyectos serios para superar la urgencia penitenciaria y, sobre todo, gobiernos que se quieran involucrar realmente en su solución. Ha cambiado el Ministro de Justicia y seguimos sumando magros avances, solo nos queda la esperanza que no sea más de lo mismo.
