En conversación con Actualidad Jurídica: El Blog de DOE, la directora de vinculación con el medio Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y profesora de Derecho Civil, María Elisa Morales, abordó cómo el cambio climático representa una crisis que desborda los paradigmas tradicionales del Derecho.
En ese sentido, enfatizó en la necesidad de tener normativas que promuevan el consumo sostenible, regulen prácticas como el greenwashing y fomenten un enfoque jurídico interdisciplinario y preventivo para enfrentar la emergencia climática. Además, destacó la importancia de la educación jurídica en la formación de juristas que lideren la transición hacia la sostenibilidad.
La conversación tuvo lugar tras su participación en el “II Seminario sobre Crisis Climática: Un Diálogo Intersectorial”, organizado por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile, DOE, Actualidad Jurídica, el Instituto de Ecología & Biodiversidad, el Centro de Estudiantes de Derecho de la Universidad Austral, el programa Vino, Cambio Climático y Biodiversidad Chile, la empresa Bosque Frío, el Centro de Estudios Ambientales y Grün Kompost.
¿Crees que el cambio climático representa una crisis que desafía los paradigmas tradicionales del Derecho? ¿Cómo debería evolucionar el sistema jurídico para abordar estos cambios estructurales?
Sin lugar a duda, el cambio climático representa una crisis que no solo desafía, sino que también desborda los paradigmas tradicionales del Derecho.
Desde la perspectiva del derecho del consumo, esta crisis demanda un cambio de paradigma en el que los consumidores abandonen su rol pasivo frente a la emergencia climática y asuman un papel más activo y consciente. En este proceso, la regulación desempeña un papel crucial, tanto para incentivar y fomentar la acción climática y el consumo responsable como para regular y, en última instancia, sancionar los comportamientos individuales o colectivos que agraven la crisis.
¿Podría dar ejemplos de esto?
Por ejemplo, es necesario establecer normativas que promuevan el consumo sostenible, como el etiquetado obligatorio de productos con su impacto ambiental, la prohibición de prácticas de «greenwashing» (publicidad engañosa sobre sostenibilidad) y la incentivación de modelos de economía circular. Además, el Derecho debe evolucionar hacia un enfoque más interdisciplinario y preventivo.
En síntesis, para abordar los cambios estructurales que plantea el cambio climático, el Derecho debe adoptar una visión más proactiva, colaborativa y adaptativa, que trascienda las fronteras nacionales y responda a la magnitud del desafío global.
Los tratados internacionales como el Acuerdo de París establecen metas ambiciosas, pero ¿qué mecanismos jurídicos podrían garantizar su cumplimiento efectivo, especialmente en países como Chile?
El cumplimiento efectivo de los compromisos establecidos en tratados internacionales como el Acuerdo de París requiere no solo la existencia de normativas internas, sino también su adecuada implementación, fiscalización y adaptación a los desafíos particulares de cada país. En Chile, aunque se han establecido leyes como la Ley N°20.920 sobre Responsabilidad Extendida del Productor (REP), su aplicación enfrenta importantes desafíos.
Por ejemplo, la falta de sanciones específicas para los consumidores que no entregan residuos prioritarios a sistemas autorizados debilita los objetivos de esta normativa.
Asimismo, prácticas como el greenwashing siguen proliferando debido a la ausencia de regulaciones claras sobre cómo informar de manera transparente el impacto ambiental de productos y servicios.
En ese sentido, ¿qué avances podríamos destacar?
Un avance significativo en este contexto es el Anteproyecto de la Taxonomía de Actividades Económicas Medioambientalmente Sostenibles (T-MAS), presentado por el Ministerio de Hacienda de Chile. Esta política pública busca identificar y homologar las actividades económicas que se llevan a cabo de manera sostenible, proporcionando claridad tanto al sector público como privado para orientar inversiones y movilizar recursos financieros hacia proyectos que respeten criterios ambientales.
Diseñada para ser interoperable con otras taxonomías internacionales, la T-MAS representa una herramienta clave para canalizar esfuerzos hacia una transición sostenible, fomentando al mismo tiempo la confianza y la acción coordinada entre los distintos actores. Este anteproyecto está en consulta pública desde el 31 de diciembre de 2024 hasta el 31 de enero de 2025, lo que brinda una oportunidad valiosa para enriquecerlo y garantizar su eficacia.
Si bien iniciativas como la T-MAS son un paso adelante, es crucial complementarlas con mecanismos más rigurosos de fiscalización, sanción y participación ciudadana. El fortalecimiento institucional debe priorizar medidas que trasciendan las buenas intenciones y se conviertan en acciones vinculantes. En definitiva, el desafío no solo radica en desarrollar políticas públicas innovadoras, sino también en garantizar su aplicación efectiva, fomentando un entorno normativo que permita responder con contundencia a la urgencia climática.
¿Qué rol deberían jugar las facultades de Derecho en la formación de juristas que no solo entiendan las leyes ambientales, sino que sean agentes de cambio en la transición hacia la sostenibilidad?
La educación sobre la crisis climática es una de las herramientas más poderosas para enfrentar los desafíos del cambio climático. Según la UNESCO, esta formación ayuda a las personas a comprender y abordar las repercusiones de la crisis, dotándolas de conocimientos, habilidades y valores esenciales para actuar como agentes de cambio. Sin embargo, este esfuerzo educativo enfrenta grandes obstáculos, especialmente en un contexto global marcado por la desinformación y el resurgimiento del «negacionismo climático».
Un ejemplo evidente es el reciente regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, quien ha calificado el cambio climático como «una de las mayores estafas de todos los tiempos». Este tipo de declaraciones, provenientes del segundo mayor emisor de gases de efecto invernadero a nivel mundial, socavan los esfuerzos globales hacia la sostenibilidad. De hecho, según el medio británico Carbon Brief, su retorno al poder podría generar un aumento de hasta 4.000 millones de toneladas de emisiones de CO₂ equivalente para 2030, en comparación con las políticas actuales.
Frente a este panorama, las facultades de Derecho tienen un rol fundamental en la formación de juristas que no solo comprendan las leyes ambientales, sino que sean líderes en la transición hacia un desarrollo sostenible y eso involucra conectar todas las áreas del derecho con la crisis climática y el desarrollo sostenible.
¿Esta perspectiva debiese permear a planes de estudios y metodologías de enseñanza?
Sí, pero este compromiso trasciende el ámbito académico y técnico; se trata de inculcar en los futuros abogados principios éticos y una visión valórica que los convierta en promotores activos del cambio.
Universidades como la Universidad Austral de Chile, que han declarado su compromiso con el desarrollo sostenible, tienen la oportunidad y la responsabilidad de liderar este cambio desde el sur del mundo.
La transición hacia la sostenibilidad requiere no solo de leyes efectivas, sino de abogados que, con una formación integral, asuman el desafío de ser líderes éticos y agentes de cambio en un contexto que exige respuestas urgentes.