Esto, con el objeto de establecer nuevas competencias presupuestarias en favor de defensa de víctimas.
El pasado 19 de diciembre ingresó a la Cámara de Diputados el boletín Nº 15.602-06, proyecto de ley que modifica el artículo 19 de la ley Nº 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, en orden a fortalecer el rol de los Gobiernos Regionales en materia de protección a víctimas de la delincuencia.
Al respecto la propuesta establece que los Gobiernos Regionales puedan diseñar, proponer, elaborar, ejecutar, financiar y difundir actividades, planes y programas que vayan en directo beneficio o defensa de víctimas de crímenes y simples delitos, cuya finalidad sea prestar orientación, asesoría, información, asistencia psicológica y social, además de representación jurídica para el ofendido y sus familiares.
Según consta en la moción, los Gobiernos Regionales, en su defensa de desarrollo social, podrán materializar, por medio del financiamiento directo a la Defensoría de las Víctimas, el derecho de acceso a la justicia, que debe ser considerado un pilar del Estado de Derecho y, por lo tanto, surge como obligación el contar con una institucionalidad acorde a su materialización y protección, y, por cierto, su mejor financiamiento vía recursos locales.