El Defensor Nacional será designado por el Presidente de la República, sobre la base de una terna conformada por el Consejo de Alta Dirección Pública.
El pasado 15 de diciembre ingresó a la Cámara de Diputados el boletín N° 14.753-07, que consagra la autonomía legal de la Defensoría Penal Pública y fortalece su institucionalidad.
En el proyecto hay un reconocimiento expreso de la naturaleza autónoma y la supresión de la supervigilancia del Presidente de la República. Al respecto, la Defensoría Penal Pública continuará siendo un servicio de la Administración del Estado, que se relacionará con el Ejecutivo mediante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Asimismo, se agrega a la misión institucional la posibilidad de promover y difundir los derechos y garantías de los imputados, acusados o condenados, propiciando fortalecer su conocimiento tanto por sus titulares como por parte de la sociedad. Además señala a los condenados dentro de las personas a quienes se debe otorgar atención.
En tercer lugar, se plantea un reemplazo del Consejo de Licitaciones de la Defensoría Penal Pública por un Consejo de la Defensa Penal Pública, modificando su composición y extendiendo sus facultades.
Además, el proyecto modifica los procesos de nombramiento y remoción del Defensor Nacional y su duración en el cargo. El Defensor Nacional será designado conforme a un sistema mixto, que combina la intervención del Consejo de Alta Dirección Pública, el Consejo de la Defensa Penal Pública, el Presidente de la República y el Senado.
Finalmente, propone la modificación del modo de nombramiento de los Defensores Regionales, pasando a efectuarse conforme al procedimiento de selección del Sistema de Alta Dirección Pública correspondiente al segundo nivel jerárquico.