Se establece expresamente que el cese en el cargo no impide continuar -o incluso iniciar- un procedimiento disciplinario cuando existan antecedentes serios.
El 30 de mayo ingresó al Senado el Boletín N° 17566-06, el cual modifica diversos cuerpos legales, con el objeto de perfeccionar el régimen de responsabilidad administrativa de los funcionarios públicos.
El proyecto de ley busca fortalecer el régimen de responsabilidad administrativa post-terminación del vínculo, proponiendo un nuevo artículo 148 bis al Estatuto Administrativo (Ley N° 18.834) y un artículo 145 bis al Estatuto de los Funcionarios Municipales (Ley N° 18.883), que establecen expresamente que la renuncia o el término de funciones en un cargo de exclusiva confianza no obstaculizarán la iniciación ni la prosecución de un procedimiento disciplinario. Este procedimiento podrá iniciarse dentro de un plazo de 60 días contados desde el cese efectivo del funcionario, y su único fin será establecer responsabilidad administrativa por hechos ocurridos durante el ejercicio del cargo.
Además, establece de manera expresa que la Contraloría podrá acceder a información bancaria institucional, en la medida que se trate de operaciones relacionadas con la gestión, inversión, administración o destino de fondos públicos, sin que le sean oponibles normas de secreto o reserva bancaria.