El proyecto de reforma al SEIA avanza en el Senado con el desafío de equilibrar eficiencia y protección ambiental, en medio de un debate que enfrenta posiciones técnicas, sociales y políticas sobre el futuro de la evaluación ambiental en Chile.
Impulsada por el Ministerio del Medio Ambiente bajo el nombre “Evaluación Ambiental 2.0”, la iniciativa busca actualizar la Ley Nº 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente para fortalecer la institucionalidad del sistema, agilizar los procesos y ampliar los mecanismos de participación ciudadana. Actualmente, se encuentra en la Comisión de Hacienda del Senado, en el marco de su primer trámite constitucional.
Entre sus ejes centrales se encuentra el fortalecimiento del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), que pasaría a tener un rol más autónomo y con mejores recursos para la gestión de proyectos. Asimismo, propone eliminar el actual Comité de Ministros como instancia de reclamación, eliminando los recursos administrativos y derivando las controversias a los Tribunales Ambientales, con el fin de dotar de mayor independencia a la revisión de los actos administrativos.
Otro aspecto clave es la actualización de los criterios de ingreso al sistema, ajustando umbrales y tipologías para que solo los proyectos con impactos ambientales significativos deban someterse a una evaluación completa. A ello se suma la ampliación de los mecanismos de participación ciudadana, mediante el mayor acceso, ajustes procedimentales y de plazos. Finalmente, la iniciativa incorpora un procedimiento abreviado para proyectos de interés público que cumplan altos estándares ambientales y sociales.
De acuerdo con el Ministerio del Medio Ambiente, el objetivo general es modernizar la evaluación ambiental sin debilitar sus exigencias de protección, sino mejorando su eficiencia, transparencia y certeza jurídica.
El estado del debate
Tras su aprobación en general por la Sala del Senado en junio de 2024 y su despacho desde la Comisión de Medio Ambiente, el proyecto se encuentra actualmente en revisión por parte de la Comisión de Hacienda del Senado, que analiza los impactos presupuestarios y la estructura institucional que demandarán los cambios propuestos.
De aprobarse en esta instancia, deberá volver a la Sala del Senado para su votación definitiva y posteriormente continuar su trámite en la Cámara de Diputadas y Diputados. Aunque el Gobierno ha manifestado su intención de avanzar en la tramitación durante 2025, diversos sectores advierten que los plazos legislativos podrían dificultar su aprobación dentro del actual periodo presidencial.
Felipe Riesco, socio de Barros Silva Varela & Vigil, plantea que “más que un impacto directo en los tiempos de tramitación del procedimiento de evaluación, la reforma podría tener un efecto relevante en la fase recursiva administrativa. Eliminar el Comité de Ministros debiese traducirse en un menor plazo para resolver las reclamaciones y en una mayor primacía del criterio técnico sobre el político, al quedar esta atribución en manos del Director Ejecutivo del SEA”.
Añade que “también es positivo que la calificación de los proyectos la realice el Director Regional en lugar de la Comisión de Evaluación, aunque este esfuerzo será insuficiente si no se aborda el rol de los órganos sectoriales en la evaluación y los plazos de fallo en los Tribunales Ambientales”.
Lo que viene para el proyecto
Los próximos meses serán decisivos para definir el destino de la “Evaluación Ambiental 2.0”. Su avance en la Comisión de Hacienda marcará el tono del debate sobre cómo compatibilizar la simplificación de los procedimientos con el fortalecimiento de la protección ambiental y la participación ciudadana.
Martín Esser, abogado asociado senior de JDF Abogados, considera que “hablar de equilibrio siempre es complejo, porque los intereses son diversos. Depositar todas las esperanzas en el SEIA para garantizar una protección ambiental efectiva es pedir demasiado. La reforma es positiva, pero le faltó ambición”.
A su juicio, el proyecto “viene a formalizar ajustes que se pedían hace años —como eliminar la instancia política o crear evaluaciones expeditas para proyectos estratégicos—, pero deja fuera una discusión clave: el rol de los Órganos de la Administración del Estado con competencia ambiental. En muchos casos han excedido sus atribuciones, afectando la eficiencia del proceso y, paradójicamente, la protección ambiental que se busca reforzar”.
En un contexto donde la sostenibilidad y la inversión pública deben coexistir, la reforma al SEIA se presenta como una oportunidad para repensar el equilibrio entre eficiencia regulatoria y resguardo ambiental, uno de los desafíos estructurales del derecho ambiental chileno.