En tiempos en que se propone la creación de instituciones de la más diversa índole, como propuesta de solución a diferentes problemáticas desde el Estado, tanto en el contexto de las dos propuestas constitucionales como en el debate político contingente actual, se requiere que las autoridades que participan de este debate de creación de organismos, sean conscientes que el diseño de aquellas va a tener evidentes repercusiones en su funcionamiento, y en particular, en la consecución de los fines para los que fueron creadas.
En este contexto, para un buen funcionamiento de la democracia como forma de gobierno, se requiere que las instituciones u órganos que se propongan crear para hacer frente a los diversos problemas públicos respondan necesariamente a un funcionamiento y a un diseño adecuado, que debe estar presente en el debate que se de en los diversos órganos representativos que participan de esta formulación. Así, no se defrauda a la ciudadanía, con quienes se adquieren compromisos en el contexto de las elecciones, generando desconfianza, desafección y una percepción de impunidad respecto de actos de corrupción.
Como ha sido visibilizado por la ciudadanía en reiteradas oportunidades en el último tiempo, existen múltiples situaciones que escapan de la supervisión estatal, las que se vislumbran más claramente por ciudadanos y ciudadanas cuando les toca constatar que no es posible obtener información o fiscalizar a determinadas instituciones u órganos porque en algún momento de la discusión legislativa se decidió que quedaran fuera del ámbito de acción de los entes fiscalizadores.
Así, nos encontramos frente a una evidente demanda por diseños institucionales fuertes, que sean pensados seriamente, sin perder de vista la problemática a solucionar y su funcionamiento cuando se discute la normativa correspondiente. Esto, debido a que en el contexto de co-legisladores, las diversas instancias que intervienen en la creación de órganos o instituciones, pueden olvidar en el debate de ciertos tópicos particulares, la integralidad de la norma y los objetivos o propósitos que originaron y fundamentan la creación de las instituciones u órganos.
En tiempos de elecciones y de discursos diversos, se plantean propuestas de creación de órganos o instituciones, que, sin lugar a dudas resultan interesantes y adecuados a las necesidades planteadas por la ciudadanía. Sin embargo, esas buenas intenciones no siempre terminan materializándose en órganos o instituciones que logren de manera efectiva, cumplir el objetivo para el que fueron creadas.
En este sentido, existen múltiples instituciones que han quedado al debe, en tanto, existen importantes limitaciones entre la propuesta original, el objetivo que las impulsó y cómo terminaron diseñadas e implementadas. Por ejemplo, ciertos organismos creados con el objeto de fiscalizar determinadas obligaciones legales vieron limitada la extensión de su competencia y su campo de acción a ciertas y determinadas entidades, no siendo universales e integrales, excluyendo de manera explícita a otras, como acontece con Contraloría y con el Consejo para la Transparencia.
Estas decisiones, definidas en el contexto de la discusión deliberativa sobre diseño o formulación de las instituciones van en contra del fortalecimiento de la democracia, la que busca ampliar los mecanismos de control y no restringirlo. Intentar remediar esto, resulta particularmente complejo considerando los tiempos extensos de tramitación legislativa como a los que estamos acostumbrados, repercutiendo también, en que eventuales posibilidades de reforma no son próximas en el tiempo.
Desde el punto de vista de la ciudadanía, el no reflexionar ni detenerse en el debate deliberativo en el objetivo que da origen a las instituciones, puede llevar a confusión, en tanto, se requiere mayor capacitación y expertise para comprenderlas, lo que hace volver a una ausencia de integralidad y universalidad. Así, si de acuerdo a la Constitución el poder reside en la ciudadanía, aquella debe conocer y comprender las instituciones en su orgánica y funcionamiento.
Adicionalmente, la corrupción como fenómeno que amenaza permanentemente a la democracia como forma de gobierno, ha dado cuenta de situaciones que escapan de la supervisión estatal y se vislumbran de manera más clara por la ciudadanía, para quienes se dificulta su persecución porque en el diseño de las instituciones u órganos no quedaron establecidas claramente o, derechamente, se generó un vacío al respecto.
El diseño institucional de los órganos e instituciones es importante, no debe perderse de vista ni minimizarse, se deben tener claras las falencias que presenta el diseño existente en la actualidad, a fin de dejarlas atrás o, al menos, mitigarlas en el establecimiento de nuevos diseños y/o de reformas institucionales, donde una ciudadanía activa es necesaria para dar cuenta de las falencias y se requieren gobernantes responsables que no pierdan de vista el para qué se están creando o modificando estos órganos.
