La democracia ha trascendido su definición solamente como forma de gobierno, existiendo consenso en cuanto a que se ha transformado en un valor y en una característica deseable en la toma de decisiones. En tiempos de crisis de legitimidad, de representación y de desafección política como los que vivimos, la formación ciudadana que comprenda los atributos y características de la democracia resulta fundamental, en tanto, el desarrollo de estos atributos se relaciona con una mayor legitimidad, eficacia política y confianza en los procesos propios de la democracia.
Es evidente la importancia de la existencia de una ciudadanía democrática, que esté comprometida socialmente, que se haga parte de procesos políticos y de gobierno, y con capacidad de involucramiento en los problemas colectivos que les afectan. Esto, incrementa el compromiso con las decisiones y, a la vez, con el resto de la ciudadanía, desarrollando la capacidad de poder solucionar conflictos, contribuyendo a una vinculación ciudadana desde opiniones diversas. La conjunción de los elementos mencionados, está asociada a los procesos de modernización y perfeccionamiento de la democracia y a su vez, a otros atributos tales como la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana. Esto, debido a que la participación de la ciudadanía es relevante y necesaria, en tanto permite construir decisiones que puedan ser permanentes y sostenibles en el tiempo.
Junto a ello, la existencia de un adecuado sistema de rendición de cuentas se encuentra indisolublemente unido con la democracia, en el sentido que debe existir un buen “sistema de frenos y contrapesos” y de rendición de cuentas o accountability, en tanto, constituyen herramientas necesarias para su buen funcionamiento. Entendiendo que, en democracia existe por parte de la ciudadanía, la preocupación por supervisar el poder y “responsabilidad del mandato” desde las autoridades. La separación de poderes o funciones, el voto o sufragio, las agencias constitucionalmente autónomas, la participación ciudadana, el rol de la academia, la prensa y la opinión pública son agentes y mecanismos de control y rendición de cuentas que juegan un rol imprescindible para la legitimidad de las democracias. Esto, debido a que el control interno de las actuaciones genera desconfianza en la ciudadanía y una percepción de impunidad respecto a actos de corrupción.
Además de lo señalado, asegurar el derecho de la ciudadanía a participar, el derecho de acceso a la información pública y la transparencia de los actos, como atributos irrenunciables de la democracia que permiten supervisar el cumplimiento de programas y compromisos y con ello, prevenir y hacer frente a la corrupción como fenómeno que amenaza de manera permanente a las democracias, en tanto, sólo quienes estén bien informados podrán participar de manera efectiva y ejercer un verdadero control, facilitando la fiscalización de los actos del gobierno.
Los fenómenos de merma de confianza de la ciudadanía ante las autoridades y órganos públicos, déficit de legitimidad de las instituciones públicas y desinterés en la política, lo que se traduce en una desafección frente al modelo de sistema político representativo que actualmente se encuentra unido con las democracias modernas como forma de gobierno, producen una distancia y separación cada vez mayor entre representantes y representados que precipitan contextos de crisis institucional y del sistema. Así, para la ciudadanía la política y los asuntos públicos le resultan ajenos y poco transparentes, generando distancia de los espacios de decisión y deliberación.
De este modo, reforzar la formación ciudadana en base a estas características de la democracia, el fortalecimiento de mecanismos que posibiliten la participación, buscando el involucramiento de quienes son finalmente sujetos pasivos de las decisiones públicas y/o estatales, permiten desarrollar el compromiso de la ciudadanía con lo público, incentivar una cultura de tolerancia y de permanente debate, donde cobra gran importancia la información que tienen a disposición ciudadanos y ciudadanas, fomentando la existencia de un flujo permanente de información hacia la ciudadanía traducido en lo que conocemos como transparencia y publicidad de los actos y decisiones. Junto a ello, es clave el reforzar las obligaciones de rendición de cuentas de parte de representantes, aportando a este flujo de información, en una dimensión explicativa.
Estos criterios permitirán reforzar la comunicación y disminuir la distancia entre representantes y representados, a través de una participación más independiente, en igualdad de condiciones para toda la ciudadanía y una mayor incidencia e involucramiento en las decisiones públicas. Una mayor educación en temas de ciudadanía que esté basada en las características y atributos de la democracia, les permite relacionarse e involucrarse en los asuntos públicos, tanto individual como colectivamente, actualizando y modernizando la institucionalidad representativa, generando como consecuencia un mayor diálogo político y una mayor cultura cívica entre ciudadanos y ciudadanas.
Con ello, se buscar una mayor tolerancia entre las diversas opiniones, desarrollando el concepto de ciudadanía y no el de meros electores y electoras. También, se constituye en una forma de enfrentar tensiones sociales y las crisis del sistema, a través de la construcción de acuerdos resultando en el fortalecimiento y evolución del sistema político representativo. Esto, no sólo permite que las decisiones puedan ser consideradas más válidas y más legítimas, si no que, se refuerzan otros valores que se relacionan directamente con la democracia, como la solidaridad, la reciprocidad, la tolerancia y el respeto.
