La Contraloría General de la República se encuentra dentro de los puntos de discusión más importantes del proceso constitucional. Mientras que la Comisión Experta apuesta por mantener la autonomía que tiene el organismo, consejeros de oposición han presentado enmiendas que buscan generar un mayor control interno de las atribuciones y decisiones del Contralor.
La Contraloría General de la República es un organismo autónomo encargado de supervisar y fiscalizar la legalidad, eficiencia y transparencia del uso de los recursos públicos.
Fundada en 1927, desempeña un papel crucial en el sistema de control gubernamental y contribuye a mantener la integridad y responsabilidad en la administración pública chilena, siendo su rol principal ejercer control previo y posterior sobre la gestión fiscal de los órganos del Estado, así como sobre las entidades y empresas que reciben financiamiento público.
En ese sentido y en un paso significativo hacia el fortalecimiento de las instituciones en Chile, el futuro de la Contraloría ha estado dentro de las principales discusiones del proceso constitucional que actualmente se lleva a cabo en el país.
El borrador presentado por la Comisión Experta concordó en que este organismo debe mantener sus atribuciones para fiscalizar cualquier fondo de origen público, especialmente en el debate actual sobre transferencias de recursos al sector privado, para una mayor implementación de los derechos sociales.
De esta forma, según sostienen los expertos, se garantizará una mayor transparencia y control en el uso de recursos públicos.
A comienzos del mes de agosto, el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, participó en la Subcomisión de Función Jurisdiccional y Órganos Autónomos, donde hizo duras críticas a las enmiendas presentadas por los consejeros constitucionales, señalando que “no van en la dirección correcta” y afirmando que preferiría quedarse con el borrador de la Comisión Experta.
De esta forma, el Contralor se refirió a una de las enmiendas que propone velar por la probidad en el ejercicio de la función administrativa que realizan los organismos sujetos a su fiscalización.
En ese sentido, sostuvo que esta norma rompería la lógica del artículo, porque esta es -más bien- la misión del organismo. Además, señaló que no existe ninguna clausula de cierre que haga referencia a las demás funciones que le encomiende la ley.
En tanto, al interior del Consejo Constitucional en cuanto al rol y funcionamiento de la Contraloría General de la República existen opiniones divididas.
Desde el punto de vista de la Comisión Experta y -particularmente- de la centroizquierda, se trata de un órgano que cumple adecuadamente la función de cuidar la legalidad y constitucionalidad, siendo valorada por su autonomía.
Sin embargo, la oposición propone una revisión de la Contraloría, buscando establecer un mayor control interno sobre el Contralor, sus funciones y decisiones.
Para el abogado constitucionalista y miembro de la Comisión Experta, Domingo Lovera, esto sería un error, ya que terminaría entorpeciendo, disminuyendo y afectando la autonomía con la que funciona la Contraloría.
“El principal desafío del proceso constitucional en materia de Contraloría es mantener su autonomía y atribuciones. Por esta razón, me parecen adecuadas las críticas que realizó el Contralor a las enmiendas presentadas en esta materia”, comentó el experto.
Por su parte, el abogado constitucionalista, Javier Couso, sostuvo que la Contraloría es un organismo que funciona bien y que no ha generado controversias a través de los años, a diferencia de otras instituciones estatales.
Por este motivo, cree que se deben mantener las atribuciones que posee actualmente. “No se deberían introducir cambios en su regulación. El desafío es elegir adecuadamente al Contralor”, dijo el abogado.