La abogada, doctora en Derecho e integrante de la Comisión Experta del proceso constitucional, Leslie Sánchez, afirma que la Contralaría es un organismo que funciona correctamente. En ese sentido, considera que es un error crear un Consejo Asesor que acompañe la labor del Contralor, ya que afectaría severamente su autonomía.
¿Cómo se está abordando el rol de la Contraloría en el actual proceso constitucional?
Es frustrante ver cómo, tras todo el trabajo realizado por la Comisión Experta, se han presentado muchas enmiendas innecesarias en esta materia, que podrían, incluso, modificar la autonomía de la Contraloría.
Hay temas que ya fueron debatidos y acordados, luego de meses de discusiones, pero que, a través de las enmiendas vuelven al punto cero.
Incluso, he llegado a cuestionarme la buena fe detrás de estas enmiendas.
Algo parecido dijo el Contralor, Jorge Bermúdez, cuando hizo su exposición en la Comisión Experta. Criticó profundamente las enmiendas presentadas por los consejeros y señaló que se quedaría con la propuesta de los expertos.
Exactamente. El Contralor siempre está invitado a exponer en la Subcomisión de Función Jurisdiccional y Órganos Autónomos -donde participo yo-. Cuando se comentaron las enmiendas, Bermúdez señaló que la mayoría no le parecían prudentes, ni correctas.
Ese decir, el Contralor tiene la misma impresión que yo; son debates que ya se dieron en la Comisión Experta. A ratos, las enmiendas parecieran ser contradictorias, incluso con el régimen presidencial. Por eso cuesta tanto abordarlas.
¿Cuáles son las principales diferencias que hay entre el texto elaborado por la Comisión Experta y las enmiendas que han sido presentadas?
En el caso de las enmiendas, estas proponen otorgar ciertas atribuciones a la Contraloría que nunca ha tenido y que no se explican en ningún caso.
Esto porque se diseñaría la fisonomía del organismo de manera distinta a cómo ha sido construida en toda nuestra tradición constitucional.
Creo que hay elementos en las indicaciones presentadas, principalmente por el Partido Republicano, que no se justifican.
¿Cuáles son las atribuciones que las enmiendas pretenden modificar?
Hay que entender que la Contraloría es un órgano unipersonal. Es decir, que está compuesto solo por una persona, que es el Contralor General de la República.
Pero las enmiendas presentadas por la oposición incorporan un Consejo Asesor, para acompañar al Contralor. Algo parecido a lo que pasa con el Banco Central, que está acompañado de una comitiva de cincos integrantes que ayudan a la toma de decisiones importantes. Es precisamente eso lo que buscan hacer con la Contraloría.
Respecto a la composición, vuelven a revivir el debate. ¿Y por qué digo que lo vuelven a revivir? Porque eso ya fue una propuesta que presentó la derecha. En la Comisión Experta la revisamos detenidamente y llegamos a la conclusión de que no es una buena idea, transversalmente.
Incluso, académicos de todas las universidades y de diferentes tendencias políticas plantearon que era una mala idea. De hecho, los expertos debatimos hasta el último día esta propuesta, pero -finalmente- decidimos no incorporarla, porque entendimos que los argumentos de los académicos eran suficientemente sólidos para entender que, en el fondo, eso perturbaría el funcionamiento de la Contraloría.
En ese escenario, donde posiblemente se le podrían dar nuevas atribuciones o modificaciones a la Contraloría ¿Cómo podría equilibrarse su autonomía con otros poderes del Estado?
En las facultades -propiamente tal- se le permite a la Contraloría entrar, por ejemplo, en ámbitos como el Poder Judicial. Nadie está diciendo que existan poderes que deban estar eximidos de control, pero debemos estar conscientes de que todos son distintos.
Entonces, volver a ese debate de si la Contraloría debe o no fiscalizar elementos ciertos de la Justicia, creo que ya lo hemos dado hasta el cansancio. No es necesario y el mismo Contralor lo interpreta así.
Respecto a la composición de este “famoso” Consejo Asesor, creo que vendría a perturbar y dañar la autonomía de la Contraloría. Una comitiva de este tipo no ayudaría en la labor del Contralor, sino que lo alteraría, porque -finalmente- van a estar a cargo del control de las irregularidades de la administración del Estado.
El hecho de que entren más personas en esta fiscalización puede bloquear la toma de decisiones del Contralor y anteponerse a su autonomía.
Tomando en cuenta lo que está pasando actualmente en Chile ¿En el proceso constitucional existe alguna propuesta para fortalecer el rol de la Contraloría respecto a transparencia y corrupción?
Creo que el propio Contralor, Jorge Bermúdez, contesta esa pregunta cuando se le invita a exponer a la Comisión Experta y dice “las propuestas de los expertos parecieran ser suficientes para reforzar el rol que históricamente ha tenido la Contraloría y para poder prevenir casos que -quizás- actualmente no están siendo revisados”.
En consecuencia, nosotros sí hicimos modificaciones. Quizás, no son tan evidentes para la ciudadanía o no han tenido la visibilidad que debieran, pero tratamos de fortalecer -lo que más pudimos- este órgano tan importante, para la propia transparencia del país.
Los problemas de corrupción no se van a solucionar solo a través de este organismo. De hecho, si vamos al caso más contingente hoy -hablo del Caso Convenios-, los traspasos de dinero más cuestionados son aquellos que no tienen control de Contraloría.
La misma legislación ha permitido ciertos vacíos, pero eso no se soluciona modificando el organismo, sino que cambiando la legislación que eximía esos pagos de control.
En ese sentido, ¿Se podría decir que en Chile existe una confusión sobre las labores que tienen las distintas entidades del país?
Sí, tenemos algunas confusiones. Eso sí, lo que puedo recalcar es que, en general, cada institución funciona y hace su trabajo dentro del ámbito de sus competencias constitucionales o legales.
No es falta de control, no es falta de acción de las instituciones, sino que hay otras normas jurídicas específicas que han dejado zonas ambiguas, las llamadas “zonas grises”. Respecto a eso, hay que mejorar la legislación, pero tampoco significa que automáticamente se deba transformar una institución completa.
¿Podrías dar un ejemplo de las denominadas “zonas grises”?
Es lo mismo que ocurre en los casos donde el Partido Republicano y la UDI intentan -constantemente- poner en tela de juicio a la persona que asume el cargo de Contralor o de ministro del Tribunal Constitucional.
La oposición tiene propuestas como aumentar los años de ejercicio profesional para aquel que asuma estos cargos. Es decir, que al Contralor no se le exija 15 años de experiencia, sino 20, por ejemplo.
Yo les decía -en esas sesiones donde se discutía el tema- que los años de ejercicio profesional no te garantizan que llegue la persona más idónea al cargo. Una persona puede ejercer 50 años la profesión y eso no significa que sea el más experto en la materia. Por el contrario, creo que debemos preocuparnos de que el perfil sea acotado al cargo que va a ejercer.
Entonces, nos quedamos en soluciones superficiales, o que aparentan ser la solución a los problemas, pero que en realidad no lo son.
En ese sentido, las enmiendas tienen esa característica en general; débiles jurídica y técnicamente.
Entonces ¿deberíamos concentrarnos en cómo seleccionamos al Contralor y a qué persona escogemos para este cargo?
Totalmente. El sistema de nombramiento es un gran tema. Respecto a esto, la crítica que puedo hacer es que seguimos escogiendo a las autoridades, que gozan de la legitimidad de los Poderes del Estado, de la misma manera.
Esto no es por falta de creatividad, ni por temor, sino que no hay mejores mecanismos. No existe una fórmula más novedosa. Entonces, yo pondría ahí el acento, y lo he dicho en la comisión, pero parece que no hay cabida, a veces, a nuestras propuestas.
En Chile, en general, tenemos un problema de dilatación. Tenemos cupos sin llenar en el Tribunal Constitucional, en la Corte Suprema, en la Defensoría de la Niñez, etc. Porque hay un retraso en el mecanismo político de ponerse de acuerdo y poder elegir a las personas más idóneas. Y, por lo tanto, sería bueno empezar a pensar en plazos.
Tampoco se trata de refundar el sistema de nombramiento, sino que -quizás- ponerle otros límites al existente.
¿Ustedes han propuesto ponerle límites al nombramiento de autoridades?
Hemos pensado en que deben ser más de temporalidad, pero lamentablemente, creo que no hay tampoco mucho interés en escuchar esas propuestas.
Creo que nosotros lo hemos hecho bastante bien. Por eso es que tuvimos el debido cuidado de enmendar lo poco que había y no querer, digamos, “meterle tanta mano” a un organismo que -en general- funciona bien, como es la Contraloría.