La iniciativa busca impulsar la labor de las fiscalías regionales, mediante la creación de unidades especializadas dedicadas a la tramitación de causas de mayor complejidad y violencia.
El 17 de octubre ingresó a la Cámara de Diputados el boletín Nº 16374-07, proyecto de ley iniciado por la Vicepresidenta de la República, que modifica diversos cuerpos legales en materia de fortalecimiento del Ministerio Público.
En el presente proyecto de ley, se introducen modificaciones a la ley N° 19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público, y a la ley N° 20.240, que perfecciona el sistema de incentivos al desempeño de los fiscales y de los funcionarios del Ministerio Público.
Este proyecto de ley tiene como objetivo principal impulsar la labor de las fiscalías regionales, mediante la creación de unidades especializadas dedicadas a la tramitación de causas de mayor complejidad y violencia, reforzando también las ya existentes.
Este aumento de personal busca mejorar la capacidad operativa de las fiscalías locales, con el propósito de perfeccionar la evaluación inicial de los antecedentes que integran la carpeta investigativa, proporcionando mejores soluciones a las víctimas, así como también reforzar la tramitación de estas causas y la asistencia a audiencias ante Juzgados de Garantías y Tribunales de Juicio Oral en lo Penal. Con ello, se pretende mejorar la gestión de las actuaciones administrativas relacionadas con estos casos y establecer criterios más precisos para la asignación de equipos de trabajo.
En segundo lugar, la nueva propuesta busca fortalecer la operación de los sistemas de turno y flagrancia del Ministerio Público, mejorando la respuesta de la persecución penal en las primeras horas siguientes a un hecho delictivo, generando un turno de instrucción que permita mejorar la coordinación, comunicación e integración con las policías. En este sentido, este proyecto permitirá crear los equipos necesarios para dotar al Ministerio Público de una estructura de alta complejidad que permita ampliar su cobertura a todo el territorio nacional, organizando adecuadamente los equipos de trabajo y fortaleciendo así la labor investigativa en delitos complejos, mediante un modelo orgánico de alta complejidad integrado con el Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI).
Por otro lado, con el objeto de aumentar la satisfacción de las víctimas y testigos que buscan asistencia en las fiscalías, este proyecto de ley busca fortalecer la dotación de personal necesaria para implementar un modelo enfocado en proporcionar atención oportuna y fomentar la comunicación con los usuarios, especialmente con víctimas y testigos. La implementación de este proyecto permitirá mejorar la cobertura y oportunidad del modelo de orientación, protección y apoyo; avanzar en el diseño de respuestas diferenciadas para los grupos en situación de vulnerabilidad; y equilibrar la carga de trabajo actual en las Unidades Regionales de Atención a Víctimas y Testigos (URAVIT).
Además, crea la Unidad de Supervisión de la Persecución Penal, la cual estará a cargo del Sistema de la Persecución Penal que se propone crear en este proyecto de ley.
En cuanto a la asignación profesional, el proyecto de ley modifica el artículo 76 de la ley N° 19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público, para extender el derecho a percibir asignación profesional a los cargos administrativos y auxiliares de la planta del Ministerio Público, en las mismas condiciones que rigen para estos estamentos en el Poder Judicial.