La resolución que se impugna por esta vía fue dictada por la autoridad competente y en uso de sus facultades legales y ajustada al marco legal.
El pasado 17 de enero la Corte Suprema en causa rol N° 61.813-2024 confirmó la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, la que rechazó el recurso de amparo interpuesto en contra del Servicio Nacional de Migraciones.
Cabe Tener presente que se interpuso un recurso de amparo en favor de un bombero de gasolinera de nacionalidad colombiana en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por haber dictado el Decreto Exento N° 768, de fecha 9 de marzo del año 2018, que ordenó la expulsión del territorio nacional del amparado de manera ilegal y arbitraria y del rechazo del proceso de regularización extraordinaria mediante la Resolución Exenta N° 23374450, de fecha 02 de octubre de 2023.
Expone que el amparado es ciudadano colombiano, se desempeñó como militar en las Fuerzas Armadas de Colombia, alcanzando el grado de Sargento Segundo, debido a un problema de desobediencia, fue dado de baja de su cargo el 28 de febrero de 2008. El día 31 de octubre de 2008, fue declarado culpable como cómplice del delito de «fabricación, tráfico o porte de estupefacientes» y, mediante sentencia del 16 de septiembre de 2009, fue condenado a “132 meses de prisión y una multa equivalente a 1400 SMLMV”; obteniendo su libertad condicional el 14 de octubre de 2014. El 2 de abril de 2016, el amparado ingresó al territorio nacional de manera regular a través del paso fronterizo, Chacalluta, como turista. El 11 de junio de 2016, dentro del plazo legal, ingresó una solicitud de residencia temporaria ante el Departamento de Extranjería y Migración, la cual fue acogida a trámite con fecha 20 de julio de 2016, siendo rechazada mediante la Resolución Exenta N° 210513, de fecha 26 de septiembre de 2016, del Departamento de Extranjería y Migración, disponiendo el abandono voluntario del territorio nacional, debido a los antecedentes penales que mantiene en Colombia. Posteriormente, el 2021, en el marco del Proceso de Regularización bajo el artículo 8° Transitorio de la Ley 21.325, el amparado se adhirió a dicho proceso, sin embargo, se dispone el rechazo de su solicitud de regularización migratoria, señalando como argumento nuevamente la existencia de una condena en su país de origen.
La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de amparo interpuesto, toda vez que resolución que se impugna por esta vía fue dictada por la autoridad competente y en uso de sus facultades legales y ajustada al marco legal, teniendo en especial consideración para ello la existencia de una condena como autor del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes a la pena de 132 meses de prisión, circunstancias que constituyen de manera expresa una causal de expulsión.
Apelada dicha decisión, la Corte Suprema la confirmó.