Propone modificar la Constitución para ampliar el margen dentro del cual la ley podrá regular la detención destinada a ejecutar expulsiones administrativas.
El máximo tribunal mantuvo la decisión que dejó sin efecto una expulsión administrativa y ordenó al Servicio Nacional de Migraciones emitir un nuevo pronunciamiento considerando antecedentes familiares incorporados durante la reclamación judicial.
No es posible argüir el principio de protección a la familia para evitar medidas migratorias adoptadas en forma legal, pues con ello se desvirtuaría el fin u objeto de la norma.
El máximo tribunal confirmó el fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, pero ajustó el plazo para acompañar antecedentes faltantes ante la autoridad migratoria.
Máximo tribunal validó que la autoridad migratoria no consideró antecedentes relevantes del extranjero, afectando la proporcionalidad y legalidad de la medida.
Conforme al principio pro homine las normas migratorias deben interpretarse y aplicarse del modo más favorable al ejercicio de los derechos de la persona extranjera.
La Segunda Sala descartó vulneraciones al debido proceso y confirmó la condena por fingimiento del cargo de abogado, junto con el delito de uso malicioso de documento privado falso.
La Tercera Sala impuso suspensión de un mes y multa de 5 UTM a una abogada por incorporar referencias doctrinarias no verificadas en un recurso de casación en el fondo.
