Máximo tribunal estimó que las restricciones sanitarias y las limitaciones para realizar trámites migratorios durante la emergencia por COVID-19 impedían aplicar de manera estricta las reglas sobre revocación tácita de la residencia permanente.
Propone modificar la Constitución para ampliar el margen dentro del cual la ley podrá regular la detención destinada a ejecutar expulsiones administrativas.
El máximo tribunal mantuvo la decisión que dejó sin efecto una expulsión administrativa y ordenó al Servicio Nacional de Migraciones emitir un nuevo pronunciamiento considerando antecedentes familiares incorporados durante la reclamación judicial.
No es posible argüir el principio de protección a la familia para evitar medidas migratorias adoptadas en forma legal, pues con ello se desvirtuaría el fin u objeto de la norma.
El máximo tribunal confirmó el fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, pero ajustó el plazo para acompañar antecedentes faltantes ante la autoridad migratoria.
Máximo tribunal validó que la autoridad migratoria no consideró antecedentes relevantes del extranjero, afectando la proporcionalidad y legalidad de la medida.
Conforme al principio pro homine las normas migratorias deben interpretarse y aplicarse del modo más favorable al ejercicio de los derechos de la persona extranjera.
La Tercera Sala anuló de oficio la sentencia de segunda instancia por falta de fundamentación y, en reemplazo, acogió la demanda de la Municipalidad de Tirúa.
El máximo tribunal descartó que los jueces de la Corte de Santiago hubieran incurrido en falta o abuso grave al reconocer legitimación al propietario del vehículo y acoger las acciones bajo la Ley del Consumidor.
