La recurrida dentro del plazo de 60 días hábiles administrativos contados desde que la sentencia quede ejecutoriada deberá pronunciarse conforme a derecho respecto de la solicitud ingresada por la parte recurrente.
El pasado 31 de enero la Corte de Apelaciones de Concepción en causa rol N° 18.252-2024 acogió la acción de protección interpuesta en contra del Servicio Nacional de Migraciones, ordenando a este pronunciarse dentro del plazo de 60 días hábiles administrativos contados desde que la sentencia quede ejecutoriada, respecto de la solicitud ingresada por la parte recurrente.
Cabe tener presente que un ciudadano colombiano presentó una acción de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones por la omisión ilegal y arbitraria sobre el beneficio migratorio de nacionalización y especto de la liberación de la orden de giro correspondiente al beneficio solicitado.
La Corte de Apelaciones de Concepción acogió la acción en los términos indicados anteriormente. En cuanto al fondo hizo presente que el asunto por el cual se solicita la adopción de medidas que restablezcan el imperio del derecho dice relación con la omisión arbitraria o ilegal por parte de la recurrida, en orden a acoger o rechazar la solicitud de nacionalización que el recurrente presentó ante la entidad recurrida, alegando que aquella ha demorado en exceso al resolver su solicitud, actuando en contravención al principio de celeridad establecido en la Ley 19.880.
Al respecto consideró que ha existido por parte del Servicio una dilación en la tramitación de la solicitud, lo cual infringió los artículos 7 y 27 de la Ley N°19.880 y, como consecuencia de aquello, lo dispuesto en la garantía constitucional del artículo 19 N° 2 de la Constitución, al realizarse por un órgano de la Administración del Estado una discriminación arbitraria en la tramitación de la nacionalización requerida por el recurrente, en relación con otros interesados que actualmente se encuentran en la misma situación.