Corte Suprema confirmó sentencia dictada por la Corte de Apelaciones que rechazó la acción de protección.
El 28 de abril de 2025, la Corte Suprema, en la causa Rol N° 5.264-2025, confirmó la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, la cual rechazó la acción de protección interpuesta.
La acción fue dirigida en contra del Ministerio de Obras Públicas, y tuvo su origen en la dictación de la Resolución DOH N° 370, de fecha 19 de agosto de 2024, mediante la cual se aprobó un sumario administrativo que concluyó con la destitución del funcionario recurrente.
El afectado alegó que, de manera accidental e involuntaria, respaldó archivos personales en un computador institucional. Posteriormente, otro funcionario que utilizó dicho equipo accedió a estos archivos privados, lo que dio lugar a la apertura del sumario administrativo. Como resultado, fue suspendido y finalmente desvinculado el 15 de mayo de 2023.
Durante la tramitación del sumario, el recurrente cuestionó su duración, alegando que excedió el plazo legal. Además, sostuvo que no tuvo acceso adecuado a los cargos formulados y que la sanción de destitución fue desproporcionada, ya que no se valoraron su extensa trayectoria ni sus calificaciones sobresalientes. A su juicio, esto tornaría la sanción en injusta, carente de fundamento y desmedida.
La Corte de Apelaciones rechazó la acción, señalando que la actuación de la autoridad recurrida se enmarcó dentro de sus competencias legales y se basó en hechos no controvertidos por las partes. Asimismo, el tribunal concluyó que no se configuró una vulneración sustantiva de derechos, ya que el recurrente tuvo oportunidad de ejercer su defensa durante el proceso administrativo y conocía los cargos, los cuales reprodujo parcialmente en su recurso.
En relación con la alegación de desproporcionalidad de la sanción, la Corte consideró que los hechos constituían una infracción grave al principio de probidad administrativa, dado que el contenido almacenado incluía videos de zoofilia, los cuales fueron visualizados por otros funcionarios que accedieron al dispositivo institucional. A ello se suma el uso indebido de recursos fiscales, elementos que, en su conjunto, justifican plenamente la sanción de destitución aplicada.
Apelada dicha decisión, la Corte Suprema la confirmó.