La pretendida “suspensión” indefinida supone privar de eficacia práctica a un acto administrativo favorable para el interesado.
Al haber rechazado el reclamo ante la aplicación de una medida disciplinaria improcedente, omitiendo corregir lo obrado por el órgano administrativo bajo su control, la recurrida ha hecho suya la ilegalidad de origen.
La institución debió indicar cómo la talla y peso del actor afectaban sus labores diarias, haciendo meritoria una disminución de sus calificaciones.
Los organismos actuaron dentro del ámbito de sus competencias y de la legalidad vigente.
No existía ningún funcionario de la Unidad de Asesoría Jurídica de Carahue o de otra unidad que pudiera ser designado fiscal, por el grado superior que ostentaban los funcionarios directivos eventualmente implicados.
Tendrá por objeto efectuar el estudio de juridicidad de los actos administrativos en materias de personal y de seguridad social que se tramiten en la sede central de esta Entidad Contralora.
La oposición presentada a la concesión marítima no constituye un argumento suficiente para justificar la ausencia de notificación.
La Contraloría General sustanciará el sumario respectivo en caso que la persona denunciada sea el alcalde o la alcadesa, un concejal o concejala o funcionarios o funcionarias que se desempeñen como jefaturas que jerárquicamente dependan de forma directa del alcalde o alcaldesa.
Lo discutido se encuentra sometido al amparo del derecho ante un órgano y procedimiento competente, donde las partes disponen de las herramientas procesales pertinentes.
La acción de protección es una acción cautelar de protección y no de revisión administrativa.