En conversación con Actualidad Jurídica: El Blog de DOE, el abogado y académico, Jaime Alcalde, analiza los principales cambios que trae la nueva legislación sobre notarías: límites de edad, concursos por mérito, fiscalización de precios y modernización digital.
Si bien reconoce avances, advierte que aún persisten vacíos en transparencia y acceso territorial. A su juicio, la ley marca un punto de inflexión, pero requiere ajustes futuros para consolidar una verdadera transformación.
La nueva ley elimina la condición vitalicia del cargo de notario y establece un límite de edad. ¿Cómo impacta esto en la independencia y profesionalización del gremio?
El límite de edad ya estaba contemplado en una reforma de los años 90 al Código Orgánico de Tribunales, que fijó la jubilación a los 75 años para jueces, notarios y conservadores. Sin embargo, esa norma tenía una disposición transitoria que permitió a quienes ya ejercían mantener sus cargos. La nueva ley pone fin a esa excepción: unas 49 personas deberán jubilarse de inmediato.
Este cambio no afecta la independencia ni la profesionalización del gremio. Solo anticipa una salida que, de todas formas, iba a ocurrir en pocos años. Desde una perspectiva jurídica, podría discutirse si hay discriminación por edad, dado lo que establece la Convención sobre los Derechos de las Personas Mayores. Pero en la práctica, se trata de cerrar una situación heredada.
Se establece un sistema de selección a través de Alta Dirección Pública y concurso por mérito, pero algunos especialistas advierten que puede seguir habiendo discrecionalidad política. ¿Qué opinas de este cambio?
El uso del sistema de Alta Dirección Pública en cargos auxiliares de la administración de justicia puede generar dudas, ya que fue diseñado para funciones más propias del Ejecutivo. Sin embargo, esta opción es mejor que la propuesta original, que incluía aún más discrecionalidad en la elección.
Idealmente, se habría implementado un modelo más técnico, como el español, donde la asignación se basa en exámenes y méritos objetivos. Aun así, esta fórmula mejora lo anterior y puede entregar más garantías de transparencia, especialmente para la ciudadanía. Eso sí, deberá perfeccionarse en la práctica.
La ley prohíbe nombrar a parientes de autoridades hasta tercer grado. ¿Crees que esto elimina el “pitutazo” de los puestos notariales o solo cambia el foco de la discrecionalidad?
Es un avance en la dirección correcta, pero no resuelve completamente el problema. Existen otras situaciones que podrían generar conflictos de interés, como el nombramiento de personas vinculadas a gobiernos anteriores o con redes políticas.
El derecho chileno requiere actualizar sus normas sobre conflictos de interés. Este proyecto hace una mejora significativa, pero probablemente no sea la última. Siempre será necesario clarificar mejor las relaciones que pueden generar beneficios indebidos, aunque no sean familiares directos.
Uno de los desafíos recurrentes es la opacidad en el cobro de aranceles y las diferencias entre notarías. ¿Cree que las facultades del SERNAC para fiscalizar resolverán este problema?
La incorporación del SERNAC es una propuesta que ya venía desde proyectos anteriores y responde a una demanda histórica: clarificar los precios de los servicios notariales. Hasta ahora, la fijación de aranceles dependía de una circular anual del gobierno, pero la última actualización fue en 1998.
La ley vuelve a permitir esa fijación, y la fiscalización del SERNAC debería ayudar. El problema ha sido la falta de mecanismos eficaces para controlar estos cobros. Si se logra transparentar los valores y dar herramientas reales a los usuarios, puede marcar una diferencia. Pero dependerá de cómo se implemente.
En su texto menciona la necesidad de modernización tecnológica y digitalización. ¿Qué plazos ves realistas para que la firma electrónica, clave única y portal notarial funcionen bien en todo el país?
Chile ha avanzado, pero lentamente. Desde la Ley de Empresas en un Día, se han dado pasos, pero aún queda mucho por hacer. Pensando en el ritmo actual, podríamos hablar de una década para que el sistema digital esté verdaderamente extendido.
La firma electrónica es clave, pero también presenta riesgos, como la suplantación de identidad, especialmente en adultos mayores. Por eso se sigue exigiendo la presencia física en muchos casos. Aun así, avances como la cédula electrónica permitirán eliminar trámites redundantes. La digitalización debe seguir, pero con cuidado.
En regiones hay déficit de notarías por habitante y cobertura desigual. ¿Qué mecanismos establece la ley para atender esa dimensión territorial y mejorar el acceso geográfico?
La ley establece que la creación de nuevos oficios dependerá de una propuesta del Presidente de la República, basada en informes del Ministerio de Justicia, la fiscalía judicial y las cortes. Esto considera criterios como cercanía, población, accesibilidad y viabilidad económica.
El problema es que muchas veces los análisis se han centrado en Santiago o Valparaíso, sin considerar la realidad rural. El proyecto reconoce esto y contempla medidas como permitir que los notarios atiendan en otras comunas ciertos días. Así se puede mejorar el acceso sin comprometer la sostenibilidad de cada oficina.