En conversación con Actualidad Jurídica: el blog de DOE, Flavio Quezada, abogado y coordinador de las XXI Jornadas de Derecho Administrativo, que se realizarán el 27 y 28 de noviembre de 2025 en la Universidad de Tarapacá, profundiza en los fundamentos dogmáticos del encuentro, la relevancia del servicio público en el derecho administrativo chileno y los desafíos que plantea reflexionar desde la macrozona norte.
¿Qué los motivó a elegir la “actividad administrativa de carácter material” como eje central de estas jornadas? ¿Qué vacío o necesidad detectaron en la disciplina para poner este tema al frente?
El tema fue decidido en la última asamblea de la Asociación de Derecho Administrativo de Chile (ADAD), realizada en la Pontificia Universidad Católica de Santiago en el marco de las XX Jornadas. Admito que fui partidario de abordar otros temas, pero la mayoría se inclinó por este. En mi opinión, la decisión se justifica principalmente por la ausencia de una base dogmática común —o al menos mínimamente compartida— desde la cual explicar el derecho vigente, sus transformaciones y los desafíos de la administración pública actual.
Lo anterior no es solo un problema teórico: también se proyecta en la práctica cotidiana de la legalidad administrativa, en la falta de estabilidad interpretativa que permita otorgar certezas razonables a las relaciones sociales. De hecho, esta situación se constata en diversos pronunciamientos de los tribunales superiores de justicia.
El sitio oficial menciona que la actividad material ha sido un ámbito “relativamente descuidado” en el derecho administrativo chileno. ¿Qué brechas concretas busca abordar esta edición?
Matizaría esa afirmación, puesto que —al menos desde mi perspectiva— ese “relativo descuido” tiene una explicación bastante reciente en términos históricos. Podría atribuirse a cierta alienación de la doctrina nacional respecto de su propia historia. Me explico: pese a algunas evocaciones retóricas a momentos premodernos, las construcciones doctrinales de la década de los 80 fueron, en los hechos, profundamente refundacionales. Ya en tiempos democráticos, dicho enfoque fue objeto de un esfuerzo sistemático por refutar, al menos, sus excesos y disfuncionalidades.
En ese proceso, las influencias extranjeras jugaron un rol especialmente relevante: se intentó responder, principalmente, desde soluciones españolas y, más recientemente, anglosajonas (pienso especialmente en la teoría de la regulación económica). Sin embargo, esas doctrinas tienen contextos socio-normativos muy distintos al nuestro
Así, en este escenario, la rica tradición administrativista chilena quedó algo desplazada, pese a que desarrolló estos temas con especial atención. Esto es visible en las obras de Prado, Letelier, Amunátegui e Iribarren; luego en las de Jara y Varas; y posteriormente sintetizado en los trabajos de Silva Cimma y Aylwin. En este sentido, me parece especialmente importante volver a revisar la obra de uno de los pocos que intentó relevar esos aportes al recuperar la democracia: Rolando Pantoja.
Ahora bien, lo anterior no implica desconocer que ha habido importantes desarrollos recientes en los tópicos que abordan estas jornadas. De hecho, podría listar varios, pero correría el riesgo de omitir a alguien. En síntesis, si bien el desafío intelectual es grande, no se parte desde cero.
Dentro de los subtemas propuestos (ordenación, servicio público, policía, fomento, etc.), ¿cuál considera que presenta el mayor desafío para el sistema administrativo actual y por qué?
Seguramente estoy algo sesgado por mis preocupaciones de los últimos años, pero creo que el servicio público sigue siendo el quid de nuestra disciplina. En efecto, los desafíos a la cohesión social que dieron origen a esta figura vuelven a manifestarse, aunque de formas distintas.
Por ello, resulta llamativo que, desde una mirada externa, el medio chileno haya desarrollado una intensa preocupación por las sanciones administrativas o por los servicios públicos concesionados, pero bastante menor por los servicios públicos sociales. Probablemente esta situación explique rasgos importantes de esa práctica social que en Chile llamamos “Derecho Administrativo”.
En definitiva, el servicio público constituye una cuestión dogmática crucial para un Derecho Administrativo útil en la resolución de los problemas que enfrenta nuestro país.
¿Cómo se relaciona la actividad material con los procesos de modernización del Estado, especialmente en materia de digitalización, eficiencia e implementación de políticas públicas en terreno?
La relación es significativa, pues precisamente estas preocupaciones obligan a repensar las categorías clásicas —entendiendo por ello las elaboradas por el Derecho Administrativo democrático y republicano, en los términos descritos por Rolando Pantoja—. Por otra parte, observar estos fenómenos permite explicar las transformaciones recientes de la acción pública y su normatividad jurídica, al mismo tiempo que abre la posibilidad de imaginar horizontes disciplinares menos estrechos. Además, se trata de cuestiones que impone el propio derecho positivo vigente.
Las jornadas se realizarán en la Universidad de Tarapacá. ¿Qué valor tiene situar este debate académico en Arica y en la macrozona norte? ¿Aporta algo distinto al análisis?
Uno de los grandes desafíos del país es la descentralización. Esta no se resuelve únicamente mediante cambios legislativos, sino mediante la construcción social de capacidades locales para reflexionar y elaborar pensamiento propio.
Un teórico del Derecho Administrativo que sigo bastante afirma que un escollo relevante para la descentralización reside en que la “estructura mental” del administrativista ha sido construida de forma centralizada. Es decir, las categorías doctrinales se elaboran desde problemas propios de lo central, se difunden por los medios de socialización jurídica y terminan influyendo en la forma en que los administrativistas locales piensan lo local: desde lo central, y por lo mismo, con sesgos.
En otros términos, impulsar la reflexión académica de alto nivel en regiones es un paso clave para una descentralización más efectiva, porque contribuye a crear una reflexión local sobre lo local y también sobre lo central. Ese es, de hecho, uno de los objetivos de la recientemente creada Facultad de Derecho de nuestra universidad.
Por cierto, no afirmo que yo esté en posición de realizar plenamente ese ejercicio —por muy lejos que viva de Santiago hoy—. Es un esfuerzo colectivo. Pero crear una institucionalidad de reflexión jurídica local capaz de albergar e impulsar encuentros científicos de este nivel es, sin duda, un camino relevante.
Para cerrar: ¿qué resultado concreto espera que dejen estas jornadas en la comunidad administrativa —tanto académica como práctica— en el mediano plazo?
En lo inmediato, una obra colectiva que reúna las reflexiones e investigaciones que se presenten en estos dos días. Por lo que se aprecia del programa, una parte importante de mis colegas decidió abordar directamente los problemas dogmáticos más complejos de la convocatoria, de modo que espero propuestas novedosas, pertinentes y de alta calidad.