En conversación con Actualidad Jurídica: El Blog de DOE, el profesor asociado y coordinador de investigación de la Facultad de Derecho y Humanidades de la Universidad Central de Chile, e integrante del comité científico de las IV Jornadas de Didáctica del Derecho, Israel González Marino, aborda los desafíos de la formación jurídica y la necesidad de avanzar hacia una docencia basada en evidencia.
¿Por qué es relevante hoy generar espacios como estas IV Jornadas de Didáctica del Derecho en Chile? La relevancia radica en la necesidad de transitar desde una enseñanza del Derecho basada predominantemente en la tradición y la clase expositiva, hacia una profesionalización de la docencia jurídica. En un contexto de alta competitividad y de constantes cambios normativos y sociales, estas jornadas permiten democratizar el conocimiento pedagógico. Son espacios críticos para que académicos y académicas puedan validar sus prácticas, compartir estrategias de innovación y, sobre todo, reflexionar sobre cómo estamos formando a los profesionales del Derecho.
¿Cuáles son las principales debilidades que observas actualmente en la formación de los estudiantes de Derecho? Si bien se ha avanzado mucho en este ámbito, aún predomina la clase magistral y procesos evaluativos centrados en la memoria, lo que limita el desarrollo de habilidades analíticas y críticas. En este sentido, aún persiste una brecha entre la teoría jurídica abstracta y la aplicación práctica del Derecho en contextos diversos.
La convocatoria enfatiza experiencias con resultados empíricos. ¿Qué tan instalado está ese enfoque en Chile? El enfoque empírico en la educación jurídica chilena está en una fase de crecimiento, pero aún no está plenamente instalado. Históricamente, la academia jurídica en Chile ha sido fuertemente dogmática. Sin embargo, las exigencias derivadas de los procesos de acreditación y el auge de la investigación educativa han impulsado a las facultades a recolectar datos sobre el aprendizaje. No obstante, aún falta transitar de la «anécdota de aula» a la «investigación educativa o formativa», es decir, probar con datos qué funcionó y por qué. Instancias como estas jornadas son precisamente el motor para formalizar esa cultura de la evidencia.
¿Qué tipo de propuestas o líneas de investigación esperan destacar en esta nueva versión de las jornadas? Si bien no hay un listado taxativo de temas, algunos que podrían ser especialmente valiosos son la evaluación del aprendizaje, con propuestas que midan la efectividad de nuevos instrumentos más allá del examen tradicional; el uso de tecnologías e inteligencia artificial en el desarrollo de competencias jurídicas; la didáctica de áreas específicas, especialmente en materias complejas o emergentes; y las clínicas jurídicas y el aprendizaje-servicio, con resultados medibles sobre su impacto en la formación ética y técnica.
¿Qué rol cumplen las metodologías activas y la innovación pedagógica en la enseñanza del Derecho? Su rol es central y transformador. Las metodologías activas, como el aprendizaje basado en problemas, el método del caso o la simulación, desplazan el eje del docente hacia el estudiante. Esto permite que el estudiante no solo “sepa” el Derecho, sino que también “sepa hacer” con el Derecho. La innovación pedagógica no se limita al uso de tecnología, sino que implica rediseñar la experiencia de aula para fomentar el pensamiento crítico, la argumentación y la resolución creativa de problemas jurídicos.
¿Cómo contribuye este tipo de instancias a reducir la brecha entre academia y práctica profesional? Históricamente, la academia ha sido criticada por su excesivo foco en lo teórico, mientras que la práctica profesional a veces se percibe como puramente técnica. Estas instancias ayudan a reducir esa brecha al alinear el perfil de egreso con la realidad laboral. Asimismo, al presentar resultados empíricos, la comunidad académica puede tomar decisiones curriculares informadas, basadas en evidencia.
¿Qué impacto esperan que tengan estas jornadas en el mediano plazo en la formación jurídica del país? Se espera que la didáctica del Derecho deje de ser una iniciativa aislada de profesores y se convierta en una política institucional de las facultades, con unidades de apoyo pedagógico y criterios de evaluación docente centrados en la efectividad del aprendizaje. Además, que las futuras reformas curriculares se basen en datos y no solo en intuiciones o tradiciones. Finalmente, sería clave avanzar hacia la formación de un cuerpo docente que se conciba no solo como especialista en su área, sino también como un profesional de la educación jurídica, comprometido con la mejora continua.
