Mientras esperamos con ansias la COP28 y los acuerdos esperados sobre financiación de pérdidas y daños, existe la posibilidad de que las soluciones que buscamos estén vinculadas a otro gran problema: la crisis de la deuda pública. Al abordarlo desde este ángulo, podríamos aportar un toque de justicia a las negociaciones sobre el clima.
Históricamente, las conversaciones sobre el cambio climático se han centrado en dos conceptos: mitigación y adaptación. Estos términos se refieren a acciones que se pueden tomar para reducir las emisiones y mejorar los sumideros de carbono, por un lado, y disminuir los impactos mediante medidas de adaptativas, por otro. Sin embargo, últimamente, estos términos se han vuelto insuficientes. Las inevitables consecuencias de esta crisis global están causando inmensas pérdidas y daños, dando lugar a un tercer nivel de discusión en el ámbito de las negociaciones sobre el cambio climático.
Después de las inundaciones de 2022 en Pakistán, quedó claro que las medidas de mitigación y adaptación no avanzan al ritmo necesario. Murieron 1600 personas y más de 33 millones resultaron afectadas, con estimaciones económicas que sugieren que Pakistán necesitará 16.300 millones de dólares para recuperarse de las inundaciones. La COP 27 tuvo lugar unas semanas después de que amainaran el fenómeno climático. La delegación paquistaní llegó a Egipto en noviembre de 2022 como líderes del Grupo de los 77 y China, siendo dignos representantes del Sur Global. Tenían una misión clara y estaban en la mejor posición para impulsar acciones concretas e inmediatas.
Los asistentes a la COP no pudieron negar lo obvio: el cambio climático está causando pérdidas y daños sin precedentes, y existe una necesidad urgente de asignar fondos para abordar los desastres actuales y futuros. Se tomó una decisión histórica de proporcionar “acuerdos de financiación para responder a las pérdidas y daños asociados con los efectos adversos del cambio climático, incluido un enfoque en abordar las pérdidas y los daños”.
Sin embargo, esta decisión planteó una serie de preguntas que quedaron pendientes una vez que disminuyó el entusiasmo mediático. ¿Cuánto dinero se requiere para abordar pérdidas y daños? ¿Quién debería recibir financiación? Y lo más importante, ¿quién debería asumir los costos asociados con las pérdidas y daños relacionados con el cambio climático? Se encargó a un Comité de Transición poner en práctica esta decisión y debiendo presentar su propuesta en esta COP28.
Optimistamente, el Comité de Transición debiera reconocer y considerar ciertos hechos. En primer lugar, la evidencia innegable que demuestra que el Norte Global tiene una gran responsabilidad en la crisis climática. Este no es un hallazgo reciente y los cálculos que lo demuestran circulan desde principios de la década de 2010. Independientemente del enfoque, las conclusiones apuntan siempre en la misma dirección. En un intento por determinar las causas históricas acumuladas de la crisis climática, el antropólogo económico Jason Hickel estableció un método basado en partes atmosféricas justas asignadas a cada país, apoyándose en un presupuesto global de carbono seguro. El estudio concluyó que en 2015, Estados Unidos fue responsable del 40% del total de las excesivas emisiones nacionales de CO2, y al sumar a la UE a esta cifra, el porcentaje se eleva al 69%. También señala que el grupo de países que forman el G8 es responsable del 85% del exceso de emisiones. Desde esta perspectiva histórica, utilizando los conceptos de Norte Global (EE.UU., Canadá, Europa, Israel, Australia, Nueva Zelanda y Japón) y Sur Global (América Latina, África, Medio Oriente y Asia), el primero es responsable del 92% del exceso de emisiones de CO2, mientras que este último es responsable sólo del 8%. El autor se refiere a estos resultados como «colonización atmosférica».
Una estimación reciente de Fanning y Hickel fue un paso más allá al intentar cuantificar esta responsabilidad, utilizando la proporción justa de emisiones asignada a cada país en función del límite de 1,5/2 °C y las emisiones que cada uno ha contribuido a superarlo o no. Concluyeron que «casi el 70% de la variabilidad entre países en el PIB per cápita acumulado puede explicarse únicamente por diferencias en las emisiones acumuladas en relación con las proporciones justas […]. Estos hallazgos respaldan la opinión de que los países que exceden sus proporciones justas han tendido a enriquecerse apropiándose más de lo que les corresponde de manera justa.» Por otro lado, el 59,6% de las personas afectadas por desastres naturales en 2022 vivían en África. El contraste entre los responsables de provocar la crisis climática y los que soportan sus consecuencias es evidente.
Desde esta perspectiva de justicia e igualdad climáticas, otro concepto en torno a la crisis climática está ganando terreno rápidamente: la existencia de un círculo vicioso entre la deuda pública y el cambio climático. Según el informe de las Naciones Unidas ‘Un mundo de deuda’, la deuda pública alcanzó un nuevo récord de 92 billones de dólares en 2022, quintuplicando la cantidad del año 2000, mientras que el PIB sólo se triplicó. El informe expresa una preocupación por la reproducción de las desigualdades en materia de deuda, precisando que los países africanos se endeudan a tasas cuatro veces superiores a las de Estados Unidos y ocho veces a las de Alemania.
Un documento de trabajo del FMI publicado en 2020 señala que la vulnerabilidad al cambio climático tiene un impacto significativo en los costos de endeudamiento, lo que significa que los países que enfrentan una mayor vulnerabilidad climática pagan una tasa de interés más alta al endeudarse. El mismo estudio señala que la resiliencia al cambio climático tiene un importante efecto amortiguador sobre los costos de los préstamos gubernamentales. Por lo tanto, los países más resilientes obtienen deuda con tasas de interés más bajas en comparación con los países con mayor vulnerabilidad a los riesgos relacionados con el cambio climático. En otras palabras, los países más ricos tienen deuda más barata, mientras que los países más pobres enfrentan costos más altos. El estudio concluye que la magnitud y la significación estadística de estos efectos son mayores en los países en desarrollo con capacidades de adaptación y mitigación más débiles. Esto puede explicar en parte las diferencias en las tasas de interés entre África, Estados Unidos y Europa.
Este «círculo vicioso» entre la crisis climática y la crisis de la deuda se puede explicar de la siguiente manera. Los altos niveles de deuda pública generalmente se traducen en un espacio fiscal limitado para la inversión social y la adaptación climática. Al mismo tiempo, suele significar un uso intensivo de los recursos naturales con bajos estándares ambientales y sociales, en un intento por obtener rápidamente ganancias en divisas a través de las exportaciones de materias primas, lo que implica la destrucción de los ecosistemas naturales. Se pierden servicios ecosistémicos, como por ejemplo los manglares o bosques amazónicos, que actúan como barreras naturales ante el cambio climático y como sumideros de carbono, comprometiendo la mitigación del cambio climático. Como resultado, los países se vuelven menos resilientes, más vulnerables al cambio climático y más riesgoso para el sistema crediticio. De hecho, más del 50% del aumento de la deuda en los países vulnerables al clima ha estado asociado con el financiamiento para la recuperación y reconstrucción después de desastres naturales. Esto no sorprende si se tiene en cuenta que los costos de endeudamiento son más altos para los países vulnerables al clima.
Pero la paradoja no termina ahí. Varias naciones con niveles insostenibles de deuda pública también intensifican la explotación de combustibles fósiles. En el caso de Ecuador , por ejemplo, el gobierno nacional celebró acuerdos de préstamo respaldados por futuros ingresos petroleros. Una situación similar se observa en Mozambique , donde los préstamos estaban garantizados contra futuros ingresos procedentes de la exploración de gas.
A pesar de esto, el 72% de la financiación climática entre 2016 y 2020 llegó en forma de préstamos, y solo el 26% fueron subvenciones. El Comité de Transición tiene una oportunidad única de matar dos pájaros de un tiro. Por ejemplo, y lo más importante, los fondos climáticos para pérdidas y daños no deben entregarse en forma de préstamos, ya que esto sólo perpetuará la crisis de deuda y, por tanto, la crisis climática. Además, el Comité debería proponer la condonación de la deuda pública como mecanismo de financiación, ya que esto permitirá a los países vulnerables invertir en adaptación y prepararlos para afrontar las consecuencias futuras del cambio climático.
Los tomadores de decisiones en la COP 28 tienen una oportunidad histórica de forjar mecanismos de cooperación internacional que aborden de manera sólida las pérdidas y daños, basados en un enfoque de justicia climática. Romper el círculo vicioso entre la deuda y la crisis climática no es solo un paso; es un salto crítico para que el Norte Global asuma su responsabilidad y el Sur Global reciba la debida compensación por los efectos adversos del cambio climático.
Nota: Esta reflexión se basa en el trabajo final de máster que María Vallejo Salgado y Sebastián Silva Sepúlveda realizaron dentro del Máster en Políticas Públicas y Sociales de la BSM-UPF (2021-2023). En este enlace encontrarás la tesis completa. Esta tesis también obtuvo el 3er premio a la Mejor Tesis de Maestría en la categoría Responsabilidad Social, Ética y Bienestar Planetario.
